
En un movimiento decisivo, Gustavo Petro, el mandatario de Colombia, dejó clara su postura sobre la reforma laboral al dirigirse a su gabinete. En una declaración publicada en X, Petro advirtió que cualquier ministro que se negara a respaldar el decreto presidencial enfrentaría la destitución inmediata.
En su mensaje, el mandatario colombiano insistió en que el poder presidencial refleja la voluntad popular. “Ministro que no firme el decreto presidencial de inmediato se va. El poder presidencial es poder del pueblo”, escribió Petro en su cuenta de X, lo que provocó una serie de opiniones entre los diferentes líderes políticos.
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Horas más tarde de que se emitiera el comunicado del presidente en sus redes sociales, fueron varias las reacciones entre las que destacó la del precandidato y exfiscal Francisco Barbosa, que contundente en su discurso, aseguró que es lamentable la situación en la que se encuentran los ministros.
“Lamentable que a los ministros se les ponga en esa situación”, escribió Barbosa, mientras les pedía a los jefes de cada cartera consultar con sus familiares la decisión que pretendan tomar antes de la firma del documento del que habló Petro.

Y agregó: “O firman y se van para la cárcel y tienen un proceso penal encima más allá del 7 de agosto del próximo año cuando a Petro el asunto no le importe, porque no valdrá nada como exgobernante y porque tiene fuero o salen del gobierno por no firmar”, concluyó el exfiscal general.
El senador Miguel Uribe también se sumó a las voces críticas contra el presidente Petro, advirtiendo consecuencias legales para los miembros del gabinete que acaten la orden presidencial. “Ministro que firme el decreto convocando a la consulta popular, lo demandaré por prevaricato. Primero la Constitución, primero el pueblo colombiano”, afirmó, dejando claro que, en su criterio, la firma del decreto iría en contra del orden constitucional vigente.
La citación de todo el gabinete ministerial a la Casa de Nariño
El ministro del Interior, Armando Benedetti, difundió un video en el que afirmó que un juez de la República reconoció la vulneración del derecho al debido proceso de la senadora María José Pizarro durante la votación sobre la consulta popular en el Senado, señalando que el presidente de esa corporación, Efraín Cepeda, habría incurrido en irregularidades.
De acuerdo con el jefe de la cartera de Interior, el fallo judicial ordena que, en un plazo de 48 horas, se resuelva el recurso interpuesto por Pizarro en relación con la consulta popular 1.0, lo que generó una reacción inmediata en el Ejecutivo.

Tras conocerse la decisión judicial, el presidente Gustavo Petro habría convocado a todo su gabinete ministerial a la Casa de Nariño con el objetivo de firmar el decreto que convoca a la consulta popular, en un movimiento que desconoce la votación previa realizada en el Senado de la República.
Este anuncio se produjo el 6 de junio de 2025, durante una ceremonia de ascenso de nuevos subtenientes y tenientes de Corbeta de la Armada y la Infantería de Marina en Cartagena.
Así las cosas, el presidente Petro explicó que la tutela presentada por su gobierno fue aceptada por un juez, quien reconoció la vulneración del derecho a la consulta popular y dispuso la repetición de la votación en la cámara alta del Congreso.

Petro remarcó que la consulta popular constituye un mecanismo esencial para que la ciudadanía decida sobre sus derechos y que la convocatoria al constituyente primario no debe verse afectada por irregularidades en el trámite legislativo.
Durante la ceremonia, el presidente declaró: “Debo informarle al país, a través de los medios de comunicación, que un juez acaba de tutelar nuestro derecho a la consulta popular. Determinó que hubo fraude en el Senado y ordena repetir la votación del Senado en las próximas 48 horas”.
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