Papá del expresidente de la Cámara Andrés Calle tendrá que dejar su cargo como alcalde de Montelíbano: este es el motivo

En una decisión que se hizo pública el martes 3 de junio de 2025, la Procuraduría General de la Nación suspendió a Gabriel Calle Demoya, alcalde de Montelíbano (Córdoba) y que es el padre del expresidente de la Cámara de Representantes Andrés Calle Aguas, por su presunta participación en política. La decisión del Ministerio Público, que será efectiva por el periodo de tres meses, generó fuertes repercusiones en el ámbito local y, de la misma manera, en el entorno político nacional.

De acuerdo con los argumentos del organismo de control disciplinario, la suspensión de Calle Demoya está soportada en la existencia de un video en el que el mandatario solicita apoyo ciudadano para su movimiento político, con miras a las próximas elecciones al Congreso de la República: que se llevarán a cabo el 8 de marzo de 2026, y en la que este clan político de Córdoba jugará un papel clave, teniendo en cuenta que el parlamentario está actualmente privado de la libertad.

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Tras denuncias de medios de comunicación y miembros de la comunidad, que denunciaron en las redes sociales la posible infracción del progenitor del congresista, el mismo que está salpicado en el escándalo en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), el ministerio público tomó la determinación de suspender al veterano político. El motivo obedece a una indebida participación en política, que además derivó en una investigación disciplinaria contra el mandatario.

“Suspender provisionalmente en forma inmediata del ejercicio del cargo de alcalde municipal de Montelíbano (Córdoba) al señor Gabriel Alberto Calle Demoya, por el término de tres (3) meses, en principio, y solicitar al señor Gobernador del departamento de Córdoba, por ser el competente, que haga cumplir y haga efectiva esta medida cautelar”, se leyó en la determinación de la Procuraduría sobre este caso, que dejó sin alcalde a la población de más de 90.000 habitantes.

En consecuencia, el gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta, está conminado a designar un alcalde encargado durante el periodo de suspensión. Con ello, este suceso se suma a una serie de controversias que han rodeado a la familia Calle en los últimos meses, entre ellas la del representante Andrés Calle: que fue señalado por la Corte Suprema de Justicia de cohecho impropio y peculado por apropiación a favor de terceros, por aparentemente haber recibido un soborno de $1.000 millones.

El origen del proceso disciplinario se remonta a denuncias transmitidas en cadenas radiales, en las que se reportó que Calle Demoya habría expresado públicamente, durante un evento masivo, su intención de respaldar la elección de al menos tres congresistas. Esta declaración fue interpretada como una participación política indebida, lo que podría constituir una falta disciplinaria según la normatividad vigente.

“Vamos con berraquera con más fortaleza. Esta vez les garantizo que este movimiento que, no es de la familia Calle, es de todos ustedes, va por no menos de tres credenciales en el Congreso de la República para las próximas elecciones, porque lo que está pasando con mi hijo hoy nos da más fortaleza”, expresó el alcalde de Montelibano, en declaraciones recogidas por la Procuraduría General de la Nación y que lo llevaron a ser suspendido por el organismo.

Mientras el jefe del clan deberá asumir esta determinación, el representante Calle Aguas se encuentra en la cárcel La Picota de Bogotá, acusado de haber recibido el multimillonario monto de manos del ex subdirector de Manejo de Desastres de la Ungrd Sneyder Pinilla; todo esto a cambio de apoyar las reformas impulsadas por el gobierno de Gustavo Petro en el Congreso, según los testimonios del exfuncionario que reposan tanto en la Fiscalía General de la Nación como en la Corte Suprema.

Al respecto, la Procuraduría explicó que la investigación busca determinar si las acciones de Calle Demoya constituyen una falta al régimen de la función pública. “El órgano de control evalúa, si estas actuaciones constituyen falta disciplinaria e inhabilidades al régimen de la función pública. En ese sentido, el ente de control requirió la práctica de pruebas para establecer la responsabilidad del mandatario”, indicó el ente, que designó al viceprocurador Silvano Gómez Strauch para estos fines.