
El Ejecutivo nacional expresó su inquietud por los efectos que traería una eventual decisión de la Corte Constitucional en contra del decreto que declaró la Conmoción Interior en Norte de Santander.
De acuerdo con altos funcionarios del Gobierno, un fallo desfavorable podría provocar una suspensión de las actividades operativas de las Fuerzas Militares en esa región.
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El ministro del Interior, Armando Benedetti, explicó que la anulación del decreto 0062 del 24 de enero de 2025 comprometería no solo su contenido central, sino también los once decretos adicionales que dependen de él. Estos actos administrativos, afirmó, son clave para la gestión de los recursos necesarios para desplegar a la Fuerza Pública en zonas con afectaciones de orden público.
“Si se cae el decreto ‘madre’ de la Conmoción Interior, los otros 11 que quedaron, en los cuales se van a recoger recursos, la Fuerza Pública quedaría en tierra, quedaría detenida, quedaría parada”, declaró Benedetti. Añadió que la valoración del alto tribunal no debería basarse en factores de carácter político, sino en el impacto operativo y logístico para la seguridad regional.
La medida de excepción fue aplicada por el Gobierno en municipios del Catatumbo, así como en las localidades de Río de Oro y González, en el Cesar, y en áreas metropolitanas de Cúcuta. El objetivo del decreto era dar respuesta a un escenario marcado por altos niveles de violencia, desplazamientos forzados y amenazas constantes a la población civil.
Pedro Sánchez, ministro de Defensa, también intervino en la discusión. Señaló que en esa zona se han documentado asesinatos de más de 100 personas, así como el desplazamiento de 64.000 habitantes y el confinamiento de 24.000 más. En ese contexto, alertó que la posible caída del decreto comprometería el plan institucional para restaurar la tranquilidad en el territorio.
De acuerdo con Sánchez, ese plan incluye cuatro etapas: “Salvar vidas, afectación de la amenaza, estabilización y sostenibilidad del área del Catatumbo”. A su juicio, sin las herramientas que proporciona el estado de Conmoción Interior, ese proceso podría quedar incompleto, poniendo en riesgo tanto a los habitantes como a los efectivos desplegados.
Benedetti reiteró que el Ejecutivo hace un llamado institucional, en el marco del respeto por la separación de poderes, para que la Corte valore las consecuencias de fondo que puede acarrear su decisión. En sus palabras, “solamente que se midan las consecuencias y no se haga con base en lo político”.
Ambos funcionarios insistieron en que la continuidad del dispositivo legal es clave para mantener la capacidad de reacción del Estado en la región, frente a los desafíos de seguridad que se presentan desde inicios de año. Mientras tanto, se mantiene la expectativa sobre el pronunciamiento que deberá emitir la Corte en las próximas semanas.
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