El escándalo de corrupción que rodea al Gobierno de Gustavo Petro y que involucra al senador Iván Name, al exdirector del Dapre Carlos Ramón González y al magistrado de la Corte Constitucional Vladimir Fernández, ha ganado nuevos detalles tras las declaraciones de Sandra Ortiz ante la Fiscalía General de la Nación.
Ortiz, exconsejera presidencial para las regiones, busca obtener un principio de oportunidad a cambio de evidencias contra las figuras mencionadas, revelando supuestos acuerdos para favorecer la agenda gubernamental en el Congreso.
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De acuerdo con información obtenida por la revista Semana, Ortiz confesó ante los investigadores que su acercamiento a Name tuvo lugar por órdenes directas de Carlos Ramón González.
Entre las pruebas aportadas por Ortiz se encuentra, según el medio, un conjunto de mensajes de Whatsapp en los que se evidencia la relación cercana que desarrolló con el senador durante el segundo semestre de 2023.
“Ortiz dijo a la Fiscalía que comenzó a acercarse a Name desde el 9 de agosto, cumpliendo instrucciones de González”, detalla la publicación.
A partir de ese momento, se llevaron a cabo reuniones frecuentes cuyo objetivo era asegurar que el congresista aprobara la agenda gubernamental a cambio de beneficios.
Uno de los eventos descritos ocurrió el 7 de septiembre de 2023, durante un almuerzo en la Presidencia del Senado. Según Ortiz, participaron ella, Iván Name y Carlos Ramón González.
En ese encuentro, González habría ofrecido cargos en entidades del Gobierno a cambio del respaldo de Name.
Más tarde, el 21 de septiembre, ambos volvieron a encontrarse, coincidiendo con un consejo de ministros, para discutir dos proyectos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) que interesaban al senador: contratos por 31.000 millones de pesos y 12.000 millones de pesos.
Según las declaraciones de Ortiz, se decidió que el siguiente paso sería presentarle a Name al entonces director de la Ungrd, Olmedo López, para concretar los acuerdos.
Este encuentro se llevó a cabo el 25 de septiembre en una reunión privada en Suite Tequendama.
Sin embargo, días después, González habría informado a Ortiz que los proyectos de Name no podían avanzar antes de las elecciones de octubre, lo que llevó a una negociación alternativa: 3.000 millones de pesos y un proyecto valorado en 12.000 millones de pesos en la Ungrd fueron ofrecidos al senador.
La ruptura total de los acuerdos ocurrió semanas más tarde, cuando Name empezó a condicionar su apoyo legislativo.
Según el relato de Ortiz, el senador no incluyó en el orden del día la votación para que Vladimir Fernández fuera elegido magistrado de la Corte Constitucional, vinculando esta decisión al cumplimiento de los pagos convenidos.
Semana señala que “Fernández es percibido como un defensor de los intereses del presidente en la Corte Constitucional”, dado su estrecho vínculo con la administración Petro.
Sandra Ortiz además entregó a las autoridades documentos que supuestamente respaldan las negociaciones en torno al proyecto que interesaba a Name, incluidos sobres cerrados con detalles específicos que fueron enviados a Olmedo López.
A pesar de estas pruebas, Semana informa que la Fiscalía no ha avanzado en el análisis de las acusaciones contra Vladimir Fernández.
La falta de progreso resulta llamativa, particularmente debido al papel fundamental que Fernández habría jugado en la elección reciente de Luz Adriana Camargo como Fiscal General de la Nación.
Iván Name defiende elección de magistrado en medio de escándalo de corrupción
La polémica en torno al escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) ha escalado con la reciente declaración de Iván Name.
En un comunicado dirigido a la opinión pública, Name defendió su actuación en el proceso de elección de Vladimir Fernández como magistrado de la Corte Constitucional, asegurando que no hubo irregularidades en su proceder.
Según informó Semana, las conversaciones filtradas datan del 13 de octubre de 2023, cuando se habrían realizado movimientos de fondos en la Ungrd bajo la gestión de Olmedo López y Sneyder Pinilla.
En ese contexto, se llevó a cabo un desayuno en la oficina de Iván Name, al que asistieron Sandra Ortiz, exconsejera para las Regiones; Vladimir Fernández; y Carlos Ramón González, entonces director del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre). Este último también se encuentra bajo investigación por su posible implicación en el caso.
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