Esas son las contrapropuestas del uribismo para la reforma laboral: hablan de salario mínimo diferencial por regiones

La reforma laboral y la consulta popular a la que convocó el presidente Gustavo Petro es uno de los temas de mayor discusión en el país.

Los costos de la misma y el revuelo político que representa limitan con el cada vez más poco tiempo que le queda al Gobierno.

En diálogo con Infobae Colombia, Juan Espinal, representante a la Cámara por Antioquia del Centro Democrático, habló de la postura de su partido y de la oposición sobre este mecanismo de consulta ciudadana.

Expuso que está a la espera de conocer los costos netos de la consulta, pues sobre ello no se tiene un único dato y la cifra oscila entre los cuatrocientos mil y los setecientos mil millones de pesos. Dijo estar a la espera de la respuesta de la Registraduría ante un derecho de petición para conocer la cifra.

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Asimismo, desvirtuó todas las afirmaciones que señalan al Centro Democrático como un enemigo de los derechos delos trabajadores y resaltó la reducción de la jornada laboral (de 48 a 42) como iniciativa de Álvaro Uribe siendo senador.

Dijo, además, que considera necesario sentarse a dialogar posibles modificaciones en el sistema laboral colombiano, como, por ejemplo, contemplar un “salario mínimo diferencial por regiones, pues no es lo mismo trabajar en Bogotá que hacerlo en el Amazonas o el La Guajira”.

Expuso también que, pese a considerar la consulta popular una iniciativa con claras intenciones políticas, considera que a los domiciliarios se les deben mejorar sus condiciones laborales y salariales, así como a las madres comunitarias en todo el territorio nacional.

Añadió que es importante que el Gobierno conozca todas las preocupaciones de los sectores productivos, pues imposiciones legales podrían perjudicar la caja de pequeñas y medianas empresas, poniendo en riesgo la estabilidad laboral de millones de colombianos.

La advertencia de Petro sobre la consulta popular

El presidente Gustavo Petro dejó en claro cuál será el accionar de su administración una vez se radique en el órgano legislativo el proyecto con el que busca que se dé luz verde a la consulta popular: que consta de 12 preguntas y que tendría como propósito principal revivir algunos de los aspectos cruciales de la hundida reforma laboral; que no pasó su tercer debate el 11 de marzo de 2025 en la Comisión Séptima de la corporación.

El primer mandatario denunció que está siendo censurado por los entes como la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) y el Consejo de Estado, expresó su intención al Senado con respecto al trámite de la referida consulta y reveló que no descarta que la misma sea aprobada por decreto si en el plazo establecido, que es de 30 días, no se somete a discusión y votación por parte de los miembros de la corporación.

Para el jefe de Estado será claro, a la par de la proposición de consulta ante el legislativo, en acto que se llevaría a cabo después de las movilizaciones del 1 de mayo, si el Congreso actúa de buena fe o si hay una burla hacia los ciudadanos con el trámite de un nuevo proyecto de reforma laboral, promovido por el partido Liberal; y que ya fue radicado por el parlamentario Miguel Ángel Pinto.

“En la ponencia sabemos si es una burla. Si es una burla al pueblo y el tiempo nos da para que discuta el Senado de la República en sus 30 días. Y si el Senado de la República en 30 días no discute, entonces el Presidente por decreto convoca la consulta, tal cual dice la ley. O no se pronuncia. ¿Si no aprueba o no se pronuncia, cierto?“, cuestionó Petro, que insistió que, de no efectuarse la discusión en el tiempo estipulado, actuará conforme a las normas vigentes.