El empresario Emilio Tapia, conocido por su implicación y condena en el caso de corrupción relacionado con los Centros Poblados, respondió recientemente a interrogantes sobre la mención de su nombre en un supuesto esquema diseñado para asumir el control de la operación de Drogas La Rebaja.
En una entrevista concedida a W Radio, Tapia negó cualquier implicación o interés en dicho proceso, afirmando: “Mi interés es cero. No tengo conocimiento de los procesos o estados en los que se encuentre toda la transformación (de Drogas La Rebaja)”.
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Durante el diálogo, Tapia se refirió a su relación con el exgobernador del Valle del Cauca, Juan Carlos Abadía, para desmentir cualquier vínculo comercial con él.
Según declaró, aunque lo conoce “hace mucho tiempo”, aseguró que nunca han realizado negocios juntos ni tratado temas relacionados con Drogas La Rebaja.
“No hemos hablado de un interés de mi parte por ese tema en particular”, afirmó el empresario condenado por corrupción, añadiendo que, aunque es posible que la tienda de farmacias haya surgido en conversaciones casuales, “que se haya dicho que yo tenga interés y él me haya hecho una propuesta, nunca, eso no ha pasado”.
En relación con su conexión con Daniel Prado, actual embajador de Colombia en Bélgica y anteriormente representante de víctimas en el escándalo del carrusel de la contratación, Tapia resaltó que lo conoce desde hace varios años.
Según explicó, su vínculo surgió a raíz del mencionado proceso judicial en el que Prado habría jugado un papel relevante para animarle a colaborar con la justicia.
“Ahí lo conocí y luego de ese proceso, que fue muy positivo por todo el tema de colaboración de mi parte, él fue muy importante para el desarrollo del proceso”, dijo Tapia.
Subrayó, además, que Prado le ayudó a tomar conciencia de “decir la verdad siempre”.
Sobre la posibilidad de haber visitado centros penitenciarios para comprender el funcionamiento interno de Copservir, cooperativa encargada de gestionar Drogas La Rebaja, Tapia negó rotundamente haber tenido interés en tal propósito.
“No he tenido ningún interés particular en eso. Yo no niego que Juan Carlos me lo mencionó”, respondió ante la pregunta directa del medio.
La entrevista también abordó el tema de reuniones con Juan Carlos Abadía, aclarando de nuevo que no ha tenido ni tiene interés en Drogas La Rebaja.
Finalmente, negó conocer al empresario César Augusto Valencia Mosquera: “No, no lo conozco, no sé quién es”, declaró Tapia, y aseguró que tampoco ha recibido propuestas para realizar inversiones millonarias relacionadas con la cadena de farmacias.
W Radio destacó estas declaraciones en el marco de especulaciones que han surgido recientemente sobre presuntas maniobras destinadas a tomar el control de la operación de Drogas La Rebaja, una institución conocida por su relación histórica con el proceso de extinción de dominio aplicado a propiedades ligadas al narcotráfico.
En su intervención, Tapia reiteró su posición de desvinculación total de este asunto, señalando que cualquier mención de su nombre en ese contexto es incorrecta o carece de fundamento.
Emilio Tapia, actor central de Centros Poblados, logra casa por cárcel
El contratista Emilio José Tapia Aldana, conocido por su implicación en el escándalo de corrupción de Centros Poblados, ya se encuentra en libertad tras cumplir 48 meses en prisión.
El Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Barranquilla le otorgó el beneficio de casa por cárcel, decisión que ha generado controversia debido a la gravedad de los delitos por los que fue condenado.
Tapia, quien fue señalado como uno de los principales responsables de la pérdida de 20.000 millones de pesos del Estado colombiano, deberá cumplir el resto de su condena bajo arresto domiciliario.
De acuerdo con el fallo judicial, la decisión de concederle este beneficio se basó en una evaluación que destacó su arraigo familiar y social, lo que, según el juzgado, favorece su reintegración a la sociedad.
Tapia ahora se encuentra en su hogar junto a su pareja, Saray Robayo, congresista por el departamento de Córdoba y miembro del Partido de la U, quien lo acompañará durante el periodo de prueba de 27 meses y 20 días que le resta para completar la pena de seis años y ocho meses impuesta inicialmente.