El debate por el incremento salarial de los empleados públicos en Colombia para 2025 continúa sin resolverse, pese a las negociaciones sostenidas entre el Gobierno nacional y los sindicatos. El martes, 29 de abril, el Ejecutivo presentó una nueva propuesta de aumento basada en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de 2024 más 1,45 puntos porcentuales (pp). Esto se traduce en un alza del 6,65% tanto para 2025 como para 2026.
La propuesta llegó luego de que su planteamiento inicial, IPC + 1,3%, fuera rechazado por las centrales obreras, que lo consideraron insuficiente frente a la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores.
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Las organizaciones sindicales criticaron esta segunda oferta por no alinearse con las necesidades económicas de los empleados públicos. Según la Confederación de la Unión Sindical Colombiana del Trabajo (CTU Usctrab), el planteamiento del Gobierno “no se concilia con el aumento de la canasta básica y con mayor gravedad de pérdida adquisitiva discriminatoria frente a 9,5% (proyectado) frente al salario mínimo”. Las centrales sindicales argumentan que el encarecimiento de productos básicos superó los niveles actuales de inflación.
El Ejecutivo, que defiende su postura basándose en restricciones fiscales, insiste en que el incremento salarial debe ajustarse al marco fiscal del país. Al respecto, los representantes oficiales destacan que cualquier medida debe respetar la regla fiscal, norma que establece que el límite de deuda es igual a 71% del Producto Interno Bruto -PIB- y el ancla de deuda es igual a 55% del PIB, especialmente en un contexto donde el IPC de 2024 se estima en 5,2%.
“Cualquier incremento salarial debe ajustarse al marco fiscal del país”, reiteraron los delegados del Gobierno. No obstante, la CTU Usctrab y otras organizaciones sindicales consideran que es necesario un aumento más ambicioso para contrarrestar los efectos de la inflación acumulada y las dificultades económicas de los trabajadores.
El objetivo de los sindicatos
Desde el inicio de las negociaciones, los sindicatos señalaron que su objetivo es obtener un incremento de IPC + 5%, equivalente al 10,2%, una cifra que dista de manera considerable de la propuesta del Gobierno. La brecha de cuatro puntos porcentuales refleja la tensión entre ambas partes y enfoca el debate en las implicaciones fiscales de satisfacer las demandas de los casi 1,3 millones de empleados públicos afectados.
Además del porcentaje de aumento, el pliego sindical incluye una serie de solicitudes adicionales con alto impacto fiscal. Los sindicatos pretenden lograr, entre otros puntos:
- La creación de una prima técnica del 40% sobre el salario básico.
- El aumento de la bonificación por servicios al 50%.
- Un incremento de cinco puntos en la prima de antigüedad.
- Un decreto que unifique el pago de horas extras y recargos dominicales.
- La presentación de un proyecto de ley para restablecer la retroactividad de las cesantías.
En contraste, el Gobierno parece mantener inamovible su postura en cuanto al límite del incremento salarial. Aunque la propuesta actual mejora ligeramente la inicial, al elevar la oferta en 0,15 puntos no parece ser suficiente para satisfacer las expectativas de los sindicatos. Las centrales obreras destacaron que, si estas demandas no son atendidas, planean adoptar medidas de presión, incluyendo paros sectoriales, en especial en áreas clave como la educación y la salud. “No se descarta que el Gobierno imponga el aumento vía decreto, como ya ha ocurrido en ocasiones anteriores”, advirtieron.
Poder adquisitivo de los empleados públicos
La discusión salarial trasciende las mesas de diálogo, ya que pone en juego el poder adquisitivo de los empleados públicos frente a un momento de alta inflación. Asimismo, se inserta en un debate más amplio sobre desigualdad económica, ya que mientras el salario mínimo en sectores privados tuvo un aumento del 9,5%, el sector público se enfrenta a un alza considerada insuficiente por los sindicatos. “La oferta no cumple las expectativas de los trabajadores, a pesar de ser más positiva que la de los gobiernos anteriores”, afirmaron las centrales obreras en un comunicado conjunto, al resaltar que la capacidad de compra ha sufrido un deterioro sustancial en los últimos años.
La siguiente cita para las negociaciones, programada para el 30 de abril, genera expectativas entre ambas partes. Se espera que para entonces el Gobierno brinde una respuesta integral al pliego sindical y que los empleados definan sus próximas estrategias.
Esta etapa se perfila como crítica, debido a que podría coincidir con el Día Internacional del Trabajo, el 1 de mayo, fecha simbólica para anunciar potenciales avances. Sin embargo, si no se logra un acuerdo, las tensiones podrían escalar aún más, prolongando así el conflicto laboral y lo que dificulta una resolución rápida al tema salarial.
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