La Procuraduría General de la Nación solicitó este lunes 28 de abril al Ministerio de Defensa un informe detallado sobre la reciente escalada de violencia contra miembros de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional.
En un oficio dirigido al ministro Pedro Arnulfo Sánchez Suárez, el ente de control otorgó un plazo máximo de tres días hábiles para remitir la información requerida, tras advertir que los hechos reportados podrían comprometer la legalidad de la actuación administrativa y afectar la seguridad pública.
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La solicitud se originó a raíz de los múltiples ataques registrados en distintas regiones del país durante las últimas semanas, incluyendo asesinatos de policías y militares en Bolívar, Antioquia, Norte de Santander y Cauca.
Según el documento, la Procuraduría observó “con especial atención los recientes hechos de violencia” reportados, que en varios casos ocurrieron fuera de combate o durante periodos de permiso.
Entre los eventos destacados se encuentra el asesinato de dos policías en Simití, Bolívar, el de un uniformado en Tarazá, Antioquia, y la muerte de seis policías durante Semana Santa en Antioquia y otras zonas.
También se registraron homicidios de dos soldados en el Cauca bajo modalidad de sicariato, y un atentado el 25 de abril en Tarazá y Remedios, donde fueron atacados varios policías.
Además, el 26 de abril de 2025, un pelotón del Ejército fue emboscado en Guaviare, donde se reportó la muerte de siete uniformados.
La Procuraduría señaló que el ataque en Guaviare fue atribuido a la estructura criminal Jorge Suárez Briceño, vinculada a las disidencias de las Farc. Y es que estos hechos se registran en un contexto en el que las operaciones militares ofensivas han sido suspendidas en virtud del Decreto 0448 de 2025, expedido como parte de los compromisos del Gobierno en los diálogos con grupos armados.
En el documento, el organismo de control advirtió que, de confirmarse los hechos, podrían constituir una grave infracción al derecho internacional humanitario y afectarían negativamente la confianza pública y la convivencia pacífica. También alertó sobre el debilitamiento de la capacidad operativa de la fuerza pública y el riesgo para la institucionalidad democrática.
Frente a ello, la Procuraduría solicitó al Ministerio de Defensa un informe oficial que detalle los hechos, con base en comunicaciones de prensa y medios de comunicación, así como los criterios técnicos, jurídicos e institucionales que el Gobierno nacional planea implementar para fortalecer la protección de los miembros de la fuerza pública.
Además, el órgano de control planteó siete interrogantes específicos, entre ellos qué medidas se han adoptado frente a las alertas tempranas emitidas por la Defensoría del Pueblo, qué parámetros se utilizan para la toma de decisiones en investigaciones criminales contra uniformados y si se contempla la posibilidad de modificar o revocar el Decreto 0448 de 2025 en caso de que se determine que genera vulnerabilidades.
De hecho, en la carta se deja en claro que la información solicitada debe ser remitida a través de la sede electrónica de la Procuraduría General, con copia al correo electrónico institucional, en un término no superior a tres días hábiles desde la recepción del requerimiento.
La carta, firmada por Samuel Benjamín Arrieta Buelvas, procurador delegado para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública, enfatiza que la actuación de la entidad responde a su función preventiva y de control, orientada a anticipar decisiones que puedan comprometer la legalidad, el interés general y la garantía de los derechos fundamentales.
Según se cita en el documento, la situación actual plantea riesgos significativos para la vida, integridad y condiciones de servicio de los miembros de la Fuerza Pública, cuya protección ha sido declarada como prioritaria.
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