
Un estudio hecho por el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana reveló nuevos hallazgos sobre el impacto de los aumentos del salario mínimo en Colombia, por lo que cuestionó la eficacia en la reducción de la desigualdad laboral. Según la entidad académica, este tipo de incrementos no logró mejorar de manera notable las condiciones de los trabajadores en términos generales y, en algunos casos, incluso habría profundizado las disparidades económicas entre los sectores formal e informal, así como entre regiones con distintas capacidades económicas.
Al respecto, el director de este, Mauricio Salazar, explicó que los efectos de estas alzas atrapan a una proporción importante de la población en ingresos de salario mínimo, lo que restringe la movilidad económica.
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“Hemos sido un fracaso como sociedad para hacer que los que ganan poco, al menos suban al salario mínimo. Y la proporción de trabajadores que reciben exactamente el mínimo se ha duplicado”, aseguró el experto. De acuerdo con el informe, entre 2013 y 2023, la población que devenga este ingreso pasó de representar el 5% al 11% del total de trabajadores, con proyecciones que estiman un aumento al 16% en 2024.

Regiones en desventaja y la informalidad en aumento
El incremento salarial también generó efectos desproporcionados en regiones donde la economía no está en condiciones de asumir estas medidas. Dice el análisis que en zonas como La Guajira, el salario promedio apenas supera la mitad del salario mínimo (la mitad del salario mínimo en 2025 es de $711.750, para 2025, teniendo en cuenta que la remuneración total, sin auxilio de transporte, es de $1.423.500), mientras que para quienes ganan un mínimo, equivale a disfrutar de un ingreso que en la práctica es como tener dos sueldos.
Por otro lado, un informe del Banco de la República advierte que la imposición de un salario mínimo elevado, en especial, en territorios con baja productividad, dificulta la contratación formal. “Cuando se fija esa remuneración en un nivel alto, se dificulta la contratación de trabajadores con baja productividad”, recalcó la entidad.
A su vez, en el ámbito nacional, se evidencia un efecto adverso en la dinámica laboral, con una informalidad que afecta a más del 50% de la población empleada (56% en febrero de 2025, según el Dane). Este fenómeno, según el estudio, está relacionado de forma estrecha con los costos adicionales asociados al empleo formal, como los aportes a pensión, salud, seguros laborales y primas, que en muchas regiones menos desarrolladas resultan prohibitivos para los empleadores.

Impacto diferenciado en las principales ciudades
Los resultados del estudio también reflejan un crecimiento dispar en la formalidad laboral. Y es que solo cinco ciudades principales experimentaron avances importantes en ese aspecto. Según Salazar, esto obedece a que sus economías pujantes cuentan con mayores recursos para absorber los costos de un incremento en el salario mínimo, mientras que el resto de los territorios enfrentan retrocesos en calidad de vida y estabilidad laboral.
“Los salarios del resto de territorios distintos a las cinco principales ciudades han crecido menos, generando detrimentos relativos en la calidad de vida de las zonas menos urbanas”, explicó el director del observatorio javeriano.
Sin embargo, las ciudades que sí cuentan con economías más robustas también se ven afectadas por otros problemas derivados. “Los aumentos del salario mínimo terminan beneficiando principalmente a los formales de las grandes ciudades y a quienes logran recibir exactamente un salario mínimo”, agregó el experto. Además, los trabajadores con salarios integrales, cuyos pagos se ajustan de manera automática de acuerdo con el mínimo, también se benefician de estos aumentos.

Ganadores y perdedores en el mercado laboral
El impacto de los aumentos no ha sido “monolítico”. Hay sectores que resultan relativamente favorecidos. “Ganan los formales de las grandes ciudades que han mantenido el salario promedio con respecto al mínimo”, sostuvo Salazar. Sin embargo, los incrementos salariales también intensificaron la compresión de sueldos alrededor del mínimo, lo que afecta, en especial, a quienes perciben ingresos apenas superiores. La proporción de personas que ganan entre uno y tres salarios mínimos disminuyó de manera notable.
Salazar advierte que la proporción de trabajadores que gana menos de un salario mínimo se mantiene estable en 46% durante la última década. Como contrapartida, el endurecimiento de las condiciones laborales empujó a más personas hacia los ingresos mínimos, lo que consolida un problema estructural. Para el investigador, ello demuestra que los incrementos aplicados no lograron el supuesto objetivo redistributivo.
“La realidad está mostrando que el salario más prevalente en toda la distribución es el mínimo y cada año incrementa más la cantidad de personas que lo devengan”, expuso.
Un panorama para el debate
Más allá de las cifras, el informe del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana impulsa una reflexión necesaria en el tejido sociolaboral colombiano. Los gobiernos celebran los aumentos del salario mínimo y los avances en la tasa de desempleo como grandes logros, pero según Salazar, ello refleja limitaciones en la autocrítica.

Será indispensable, entonces, que en los próximos debates, incluidos los relacionados con el proyecto de reforma laboral impulsada por el Gobierno de Gustavo Petro, se abarque un análisis más profundo y técnico de las implicaciones a largo plazo.
Finalmente, el estudio pone en evidencia un desafío de fondo para la política pública en Colombia: encontrar un equilibrio capaz de mejorar las condiciones laborales sin agravar, de manera indirecta, las desigualdades preexistentes.
Y es que, como se recordará, el Banco de la República alertó que “un aumento de un punto porcentual (pp) en el salario mínimo está asociado a aumentos de hasta 0,7 pp en la probabilidad de trabajar en la informalidad”, lo que ejemplifica los efectos secundarios que estas medidas pueden desencadenar.
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