
Tal parece que la fuerte disputa mediática entre el presidente de la República, Gustavo Petro, y el Consejo de Estado, continúa “al rojo vivo”. Y todo por cuenta de la decisión del alto tribunal de prohibirle al primer mandatario abusar de los espacios de los canales privados, como Caracol, Canal Uno y RCN, para transmitir su Consejo de Ministros; determinación que, a juzgar por sus palabras, no está dispuesto a acatar, pues el tono de sus declaraciones cada vez es más retador.
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En una reciente intervención efectuada en Soledad, Atlántico, en la tarde del jueves 24 de abril, el primer mandatario volvió a insistir en la relación entre el Estado y los canales de televisión privados, al argumentar que estos, al utilizar el espectro electromagnético, son de carácter público y pueden estar a disposición de los intereses del Gobierno si así se requiere. “Esos canales no son de ellos, son del pueblo. Se los hemos prestado por una plata”, expresó el presidente, que no está dispuesto a ceder en este asunto.

La aparición del mandatario se registró en el marco de la promoción del los comités del sí frente a lo que sería la consulta popular para revivir la reforma laboral y estuvo dirigida a sus simpatizantes. Petro defendió su derecho a utilizar las transmisiones en cadena nacional, incluso en espacios concesionados, para transmitir información de interés público. “Así que entonces el presidente y jefe del Estado no puede hablar con sus canales. Ustedes no son los dueños de esos canales”, reiteró el gobernante, al indicar el carácter constitucional que le permite comunicarse libremente a través de estos medios.
Gustavo Petro y la pelea casada con el Consejo de Estado
Y es que las actuaciones de Petro han sido objeto de controversia, pues el lunes 21 de abril, anunció una alocución presidencial: la cual, según ciertos sectores y las críticas del Consejo de Estado, habría tomado la forma de un Consejo de Ministros a medida que se fue desarrollando, en una expresión del Ejecutivo cuya determinación del Consejo de Estado no permite su difusión por cadenas privadas; pues se busca garantizar el derecho a la pluralidad informativa.
Frente a estos señalamientos, casi de inmediato, pues reaccionó en vivo a un titular de un reconocido medio de comunicación impreso y digital, el mandatario negó tal carácter y cuestionó a los medios de comunicación. “Esto no es un Consejo de Ministros. Consejo de Ministros tiene su formalidad. Sigue después de este programa en los canales públicos”, precisó en ese entonces, en lo que sería un intento para zafarse de las consecuencias legales que podría acarrearle el desacatar el referido fallo.
Por otro lado, Petro expresó su rechazo hacia lo que etiquetó como censura, al decir que como jefe de Estado tiene el derecho y la libertad de dirigirse a la población mediante todos los canales disponibles, sean del sector público o privado. “Si nos van a censurar las alocuciones presidenciales, entonces mejor denle el golpe de Estado y veremos si ganan”, agregó el primer mandatario en su intervención.
“Todo lo público debe ser público. La gente debe enterarse de lo que es prioritario”, remarcó Petro durante la alocución - Consejo de Ministros. Y fue enfático en repetir que el espectro electromagnético por el cual se emiten las señales de televisión es propiedad del Estado y, por ende, tiene el deber de garantizar el acceso a información relevante para la ciudadanía. “El jefe de Estado tiene derecho de hablar por todos los canales”, remató.

Es menester indicar que el trasfondo de estas declaraciones gira en torno a un fallo emitido por el Consejo de Estado el pasado 11 de abril. En diálogo con W Radio, el magistrado Luis Alberto Álvarez, presidente del organismo judicial, aclaró que la determinación no representa algo novedoso, sino que responde a una línea jurisprudencial con antecedentes claros. “La decisión lo único que planteó fue una línea jurisprudencial que no es nueva, hay antecedentes en esa materia”, añadió el togado, que dejó en claro que el Consejo de Estado actúa dentro del marco constitucional para preservar los derechos y garantías ciudadanas.
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