
Durante una intervención en la ciudad de Cartagena, el contralor general de la República, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, expresó reparos frente a la posibilidad de destinar vigencias futuras, asociadas a proyectos de infraestructura vial, para la adquisición de vacunas contra la fiebre amarilla.
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El funcionario recalcó que este tipo de decisiones está condicionado por normas legales y presupuestales que deben respetarse.
En su intervención, el jefe del órgano de control fiscal manifestó: “Tocar esos recursos tiene unas implicaciones o mejor aún tiene unos requisitos desde el punto de vista constitucional y desde el punto de vista legal que deben ser analizados y deben ser mirados con superlativo cuidado, a fin de que eso no vaya a causar algún tipo de perjuicio desde el punto de vista presupuestal”.
Rodríguez hizo alusión directa a las concesiones de Cuarta y Quinta Generación (4G y 5G), cuyos contratos incluyen compromisos financieros a largo plazo, y aclaró que la afectación de esos recursos debe ser sometida a una evaluación detallada para evitar consecuencias fiscales adversas.
Durante su intervención pública, el contralor también abordó temas relacionados con los avances y el cumplimiento de obras de infraestructura que cuentan con esquemas de Asociación Público-Privada (APP). En ese contexto, informó que sostuvo una conversación con la titular de la cartera de Ambiente con el propósito de hacer seguimiento a los proyectos viales en ejecución.
“Conversé con la ministra de Ambiente y le solicité que se realice un inventario que crucemos la información que existe de esas obras para verificar y observar en cuáles hay atrasos, en cuáles hay algún tipo de incumplimiento para que se analice en detalle eventualmente qué está pasando en cada una de esas circunstancias de concesión, sobre todo en lo que tiene que ver con las APP públicas.”
El alto funcionario reiteró la necesidad de llevar un control riguroso sobre los recursos destinados a concesiones, especialmente cuando se propone una reconfiguración de los flujos financieros pactados.
Aunque reconoció la posibilidad de modificar la destinación de vigencias futuras, subrayó que cualquier cambio debe estar sustentado en el marco de acuerdos mutuos entre los actores involucrados.
“Para la Contraloría es legítima la aspiración de modificar el perfil de aporte de vigencias futuras de la Nación pactado para un contrato de concesión vial, pero debe surgir de un acuerdo entre las partes.”
Las declaraciones del contralor surgieron luego de que el presidente Gustavo Petro planteara la posibilidad de utilizar vigencias futuras correspondientes a obras viales para atender la necesidad urgente de compra de vacunas. Frente a esta propuesta, el órgano de control recordó que dichos recursos están sujetos a reglas que garantizan su uso eficiente y conforme a lo acordado en los compromisos contractuales.
Con estas advertencias, la Contraloría General busca asegurar que cualquier reorientación de recursos públicos se ajuste a las disposiciones constitucionales vigentes y que no se comprometan las obligaciones previamente adquiridas con entidades ejecutoras o concesionarias.
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