El Ministerio del Trabajo destacó el concepto emitido por la Procuraduría General de la Nación en relación con la Ley 2381 de 2024, conocida por establecer el Sistema de Protección Social Integral para la Vejez, la Invalidez y la Muerte.
Este pronunciamiento fue remitido a la Corte Constitucional, que actualmente revisa la validez del proceso legislativo de dicha norma.
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El titular de la cartera laboral, Antonio Sanguino, hizo énfasis en el respaldo que representa este documento del Ministerio Público.
“Este es un espaldarazo al esfuerzo que, desde todas las entidades del Estado, incluyendo Colpensiones y los fondos privados de pensión, han realizado articuladamente para brindarle al país la tranquilidad de un mejor sistema pensional que se pondrá en marcha desde el 1 julio del 2025”, puntualizó.
Según Sanguino, la evaluación jurídica entregada por la Procuraduría no solo valida el trámite legislativo, sino que respalda las medidas adoptadas para asegurar el acceso a una pensión digna a quienes han quedado por fuera del sistema tradicional. En ese sentido, mencionó que el concepto aboga por “Declarar la exequibilidad de la ley 2381 de 2024, como quiera que en su itinerario legislativo no se presentaron irregularidades de trámite con entidad de vicios de constitucionalidad”.
Uno de los puntos que subrayó el ministro es el impacto que tendrá la norma en cerca de tres millones de personas mayores que viven en condiciones de pobreza extrema. “A través del pilar solidario y la solución de los problemas de equidad, cobertura y sostenibilidad financiera del sistema pensional, se protege a esta población en el país”, dijo.
Sanguino también explicó que el concepto reconoce como válidos los efectos que ya ha generado la implementación parcial de la ley. En concreto, se refirió al artículo que habilita el traslado entre regímenes pensionales, el cual ha sido usado por decenas de miles de afiliados. “Sin perjuicio de los hechos cumplidos como los efectos de la oportunidad de traslado en cuya virtud se han verificado para el mes de abril de 2025, 66.033 traslados entre regímenes pensionales que afectarían a los afiliados que ya han acudido a este instrumento para solucionar su situación pensional”, aseguró.
Desde el Ministerio del Trabajo se indicó que el concepto emitido por la Procuraduría se constituye en un insumo relevante para que la Corte Constitucional tome una decisión definitiva sobre la ley.
El documento entregado por el ente de control destaca que el desarrollo del trámite legislativo se llevó a cabo conforme a los requisitos legales establecidos, sin incurrir en irregularidades de tipo constitucional.
Finalmente, Sanguino reiteró que lo expresado por el Ministerio Público ofrece claridad jurídica sobre la viabilidad de la reforma pensional y fortalece los esfuerzos por ampliar la cobertura y garantizar sostenibilidad en el sistema de pensiones. Para el funcionario, esta posición es coherente con el objetivo de garantizar mayor protección social a largo plazo para toda la población afiliada y no afiliada al sistema.