
El 17 de abril de 2025, comenzaron a circular en plataformas digitales y redes sociales videos en los que Andrés Gustavo Ricci, responsable del feminicidio de la expatinadora Luz Mery Tristán y condenado a 45 años y nueve meses de prisión, relata su versión de los hechos, calificando el crimen como un “desafortunado accidente”.
Ricci grabó estos videos en la cárcel La Picaleña, ubicada en Ibagué, Tolima. Sus declaraciones han generado indignación entre los familiares de la víctima, funcionarios, autoridades y la comunidad en general.
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“Soy Andrés Gustavo Ricci. Mucho se ha dicho de mí, pero aún nadie me ha escuchado. Pronto me verán sin filtros, sin omitir nada: hay una verdad por contar”, así fue como comenzó uno de los videos que circularon por las plataformas en un intento de librase de la culpabilidad.

En vista de los hechos y la dificultad para que en este caso se cumpliera con las normativas de los centros penitenciarios del país, la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, comunicó a la opinión pública que se abrirá una nueva investigación en contra de Ricci, quien, por ley, no debería tener acceso a plataformas digitales y redes sociales.
“Se ordena una investigación por violación de las reglas del sistema penitenciario a esta persona que bajo la forma de una entrevista genera una utilización indebida de un sistema que está prohibido por el régimen penitenciario”, explicó la jefe de cartera.
La funcionaria agregó que el proceso también se extenderá a las personas que permitieron que estas actividades se llevaran a cabo dentro del penal, así como a quienes distribuyeron el material digital a través de los diferentes canales de difusión utilizados: “Como esto está en investigación, hay que mirar y, obviamente, yo lo he dicho también en otros medios, es importante decir que en estos casos se puede determinar claramente quién abrió el kit top, dónde lo abrió y, obviamente, el canal de YouTube. ¿Quién se lo facilita o quién genera este canal de YouTube? Todo eso”.
Este material puso en el ojo de la comunidad a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec) y el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) y las exigencias para los privados de la libertad.
Las reacciones no se hicieron esperar y diferentes funcionarios expresaron el rechazo a esta conducta y la libertad con la que el asesino de Luz Mery pudo acceder a un canal de YouTube. Además, solicitó que desde el Ministerio de Justicia se impongan las medidas necesarias de manera inmediata: “El feminicidio es la forma más extrema de violencia contra la mujer. No podemos tolerar como sociedad que se pretenda transformar la realidad y el sufrimiento de las víctimas a partir de videos de YouTube desde la cárcel”.
La familia de la víctima también se refirió a los hechos, calificándolos como indignantes y salvajes, luego de que el asesino intentara limpiar su imagen y justificar lo ocurrido: “Esto ha generado una indignación total, primero por este señor que sigue haciéndonos daño y también por la justicia colombiana que permite que un condenado haga este tipo de publicaciones”, (...) “Decir que fue un accidente cuando no tiene nada que ver con un accidente (...) Llamar el hecho un acto de irresponsabilidad después de haber matado a mi hermana y golpearla de manera previa es un acto de salvajada”, fueron las palabras que Victoria Tristán, hermana de la víctima, entregó a El Tiempo.
Su familia hizo un llamado a la comunidad para que no continúe reproduciendo estos videos, que lo único que estarían haciendo es generarle mayor protagonismo al hombre y atentar contra la menoría de Luz Mery.
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