
A pesar del fracaso legislativo que enfrentó la reforma laboral en su primer intento en el Congreso, el Ejecutivo no tira la toalla. Todo lo contrario, ahora apuesta por una consulta popular para revivir los puntos clave que no lograron consolidarse por la vía ordinaria. En este nuevo escenario, el Senado se perfila como el campo de batalla decisivo para definir si el mecanismo logra avanzar hacia las urnas o se queda archivado como otros proyectos emblemáticos del actual Gobierno.
En medio de este panorama cargado de tensiones políticas, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, salió a defender la propuesta, que consiste en 12 preguntas enfocadas en temas que fueron rechazados durante el trámite legislativo. La iniciativa fue presentada junto al ministro Armando Benedetti esta misma semana, y su destino inmediato está en manos del Senado, que deberá decidir antes del 1 de junio si aprueba o no su realización.
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Uno de los principales opositores a este camino es el presidente del Senado, Efraín Cepeda, que considera que recurrir a una consulta popular sería un “desgaste” innecesario para el país, especialmente por el elevado costo que implicaría (700.000 millones de pesos). En su lugar, el presidente del Senado sugirió una vía distinta, que algunos de los puntos de la consulta se tramiten mediante nuevos proyectos de ley para alcanzar consensos legislativos. Sin embargo, esta propuesta fue recibida con escepticismo —y hasta sarcasmo— por parte del ministro Sanguino.
“Ha resultado muy cómico el presidente del Senado, Efraín Cepeda, porque su partido, en cabeza de la presidenta de la Comisión Séptima, fue uno de los que unió a los sepultureros de estas preguntas que dan cuenta de la reforma laboral que presentó el presidente y el Gobierno, y que había avanzado en un gran consenso que permitió modificar 65 de los 82 artículos”, declaró el jefe de la cartera laboral a la revista Cambio.
Además de rechazar la idea de buscar una nueva apelación dentro del Congreso, Sanguino explicó por qué, en su opinión, esa estrategia terminaría siendo contraproducente. “Supóngase que la plenaria aprueba la apelación. ¿Sabe quién decide a qué comisión va el proyecto de reforma? El señor Efraín Cepeda. Y ya hemos sabido que él está pensando en enviarlo a una comisión en la que tienen mayoría y donde las fuerzas progresistas tienen menos votos que los que teníamos en la Comisión Séptima. Ahí sí entierran definitivamente la reforma”, comentó.

A pesar de estos obstáculos, el ministro mantiene la esperanza de que el Senado apruebe la consulta popular, para que sea el pueblo colombiano quien finalmente decida sobre los cambios estructurales que el Gobierno propone en materia laboral. Según sus cálculos, es posible alcanzar una mayoría de al menos 54 votos a favor. “Más de la mitad de la bancada liberal ha venido acompañando al Gobierno; incluso con ellos coincidimos en la minirreforma que han presentado”, señaló.
Según Sanguino, los apoyos que recibieron no se limitan únicamente a los sectores más cercanos a su propuesta, sino que provienen de diversas fuerzas políticas y sociales del país. En ese sentido, destacó que cuenta con el respaldo de comunidades indígenas, así como de algunas congresistas del Partido Conservador, lo cual considera significativo por tratarse de una colectividad tradicionalmente distante de este tipo de iniciativas.

Además, mencionó el acompañamiento de las bancadas del Pacto Histórico, el partido Comunes y la Alianza Verde, detallando que, en cifras, serían alrededor de 20 senadores del Pacto, cinco de Comunes y seis del Verde, lo que representa una base sólida de apoyo político dentro del Congreso para avanzar en el proyecto del gobierno.
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