
En un esfuerzo por combatir el delito de la extorsión en el Valle del Cauca, la Gobernación anunció la implementación de un plan piloto de Política Pública de Justicia y Seguridad Ciudadana.
Este proyecto busca priorizar la atención en municipios afectados por este flagelo, como Tuluá, Andalucía, Riofrío, Trujillo y Bugalagrande. Mientras tanto, la Fiscalía General de la Nación confirmó la captura y judicialización de un hombre señalado de extorsionar a comerciantes en el municipio de La Victoria, en un caso que pone de manifiesto la gravedad de este problema en la región.
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Según informó la Fiscalía, Bladimir Padilla Marín, conocido como alias Blacho, fue imputado por el delito de extorsión tras ser sorprendido en flagrancia el 9 de abril. El hombre, de 28 años, habría exigido dinero de manera ilegal a comerciantes locales y fue detenido por agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y del Gaula Militar en el momento en que, presuntamente, recibía $1.500.000 como producto de una extorsión. Aunque el procesado no aceptó los cargos, un juez ordenó su reclusión en un centro carcelario como medida de aseguramiento.
El operativo que permitió la captura de alias Blacho se llevó a cabo en La Victoria, donde las autoridades lograron incautar una motocicleta, un teléfono celular y dinero en efectivo. Estos elementos quedaron bajo custodia de las autoridades competentes como parte de las pruebas en el caso.
La Fiscalía destacó que esta acción es resultado de investigaciones exhaustivas y de la coordinación entre diferentes entidades de seguridad, en un esfuerzo por frenar las actividades delictivas que afectan a los comerciantes de la región.

Y es que la extorsión, un delito que genera temor y afecta la economía local, ha sido uno de los principales problemas en el Valle del Cauca. Según las autoridades, este tipo de crímenes suelen ser cometidos por bandas organizadas que operan en varios municipios del departamento, lo que ha llevado a las autoridades a reforzar las estrategias de prevención y sanción.
En respuesta a la creciente preocupación por la extorsión, la gobernación del Valle del Cauca, liderada por Dilian Francisca Toro, anunció una serie de medidas para enfrentar este delito. Entre las iniciativas más destacadas se encuentra la creación de una ruta de atención que involucra a los alcaldes de los municipios más afectados. Este plan piloto busca articular esfuerzos entre diferentes sectores para prevenir y sancionar las actividades extorsivas.

“Esto básicamente es la articulación de todos los sectores para construir una ruta con los alcaldes, que es el piloto, y construir una ruta antiextorsión, es decir, buscar todos los mecanismos disponibles para prevenir y sancionar el delito de la extorsión que cometen las bandas dedicadas a este tipo de delitos”, explicó la gobernadora.
Además, la vallecaucana propuso la creación de un proyecto de ley que permita mejorar la seguridad en las transacciones financieras relacionadas con extorsiones. La mandataria señaló que actualmente las plataformas de pago no registran los nombres de los remitentes, lo que dificulta rastrear a los responsables de estos delitos.

Asimismo, Dilian Francisca Toro destacó la necesidad de regular la venta de tarjetas SIM para garantizar que exista un registro de las personas que las adquieren, lo que podría ser clave para identificar a los extorsionadores.
Por tal motivo, los organismos encargados solicitaron a los organismos encargados dar pleno funcionamiento a los inhibidores de señales telefónicas en inmediaciones a las cárceles en el país.
Según indicó el procurador delegado Javier Sarmiento en agosto de 2023, la situación, que ha sido puesta en conocimiento de las autoridades a través de múltiples llamados de alcaldes y gobernadores del país, empeora además con el creciente hacinamiento que se registra en los centros penitenciarios. Dicho fenómeno no solo se daría en las cárceles, sino también en las estaciones de Policía.
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