Durante un acto público realizado en Bogotá, el presidente Gustavo Petro volvió a lanzar duras críticas al Congreso de la República, esta vez durante la firma de un memorando de entendimiento con la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN). En su intervención, el mandatario cuestionó la función del poder legislativo frente a la tramitación y aprobación de las reformas sociales impulsadas por su administración, al sugerir que existe una resistencia estructural dentro del Congreso a permitir transformaciones de fondo en el país.
En su discurso, el jefe de Estado abordó directamente el papel que, según él, ha jugado el Congreso en la historia de Colombia, haciendo énfasis en lo que describió como una práctica reiterada de bloqueo a las propuestas de cambio: “¿No hay reforma posible? Si planteamos reforma, entonces el Congreso se dedica a tapar y a cancelar las reformas en Colombia como si se pudiera tapar la verdad”.
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El mandatario también se refirió a los orígenes de la violencia y la relación del poder político con estructuras ilegales, en particular el paramilitarismo. En ese sentido, afirmó: “Organización paramilitar narcotraficante de Colombia. Nuestras leyes la hicieron narcotraficantes en parte. ¿Y qué esas leyes siguen?”. Según expresó, las normas vigentes que en su momento facilitaron o toleraron el avance de dichos grupos armados no han sido modificadas, lo que a su juicio limita el alcance de la verdad y la justicia en el país.
Uno de los fragmentos más polémicos de su intervención fue la afirmación de que algunos integrantes del Congreso habrían sido partícipes de hechos violentos y de encubrimiento de la verdad sobre el conflicto armado. En palabras del presidente: “En ese Congreso se sentaron 32 senadores, se hicieron mayoría para dos objetivos fundamentales, tapar la verdad de Colombia porque ellos eran socios del asesinato y el genocidio y reelegir al jefe de ese proceso para que nunca hubiera verdad en Colombia”.
Este tipo de declaraciones, que apuntan directamente a la conducta histórica de ciertos sectores del poder legislativo, provocó reacciones encontradas en distintos sectores políticos y sociales. Aunque no se mencionaron nombres propios ni se especificaron periodos legislativos concretos, el presidente hizo referencia a una supuesta estrategia concertada dentro del Congreso para obstaculizar la justicia transicional y proteger intereses ligados a grupos armados ilegales.
Sin embargo, estas declaraciones pueden ser interpretadas como una crítica dirigida al expresidente Álvaro Uribe Vélez, teniendo en cuenta que fue jefe de Estado durante dos periodos consecutivos y que su administración fue objeto de señalamientos por la ocurrencia de ejecuciones extrajudiciales, conocidas públicamente como ‘falsos positivos’, cometidas por integrantes del Ejército Nacional. Además, este es uno de los temas en los que el actual presidente Petro ha centrado reiteradamente sus cuestionamientos hacia el exmandatario.
Petro también relacionó estos cuestionamientos con hallazgos recientes que refuerzan, según su visión, la necesidad de avanzar en reformas estructurales. “Otras verdades, acabamos de ver una. En el Batallón Charry Solano hay restos humanos que acaban de ser, ¿cómo se dice? Técnicamente descubiertos”, añadió, haciendo alusión a exhumaciones o hallazgos forenses que aún están bajo investigación y que podrían estar relacionados con los ‘falsos positivos’.
Estas palabras se dieron en la firma del memorando entre el Gobierno, la JEP y la ARN busca precisamente fortalecer el proceso de reincorporación de excombatientes y el esclarecimiento de la verdad, pilares fundamentales del Acuerdo de Paz suscrito en 2016. En ese escenario, el presidente aprovechó para reiterar su postura crítica frente al tratamiento legislativo que han recibido sus iniciativas, especialmente aquellas relacionadas con la salud, las pensiones y la reforma laboral.
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