
La reciente alocución del presidente Gustavo Petro sigue causando malestar y críticas en diversos sectores políticos del país, especialmente de oposición, que afirman una presunta violación a la orden entregada por el Consejo de Estado.
De hecho, tras los crecientes reproches sobre las presuntas irregularidades en la transmisión del presidente a través de los canales privados del país, el senador Miguel Uribe denunció al presidente Gustavo Petro, a su gobierno y a funcionarios involucrados por presuntamente mentir a la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) para obtener un espacio de alocución presidencial que, según la denuncia, fue utilizado indebidamente para transmitir un Consejo de Ministros.
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“Petro, la Presidencia y sus funcionarios mintieron a la Comisión de Regulación de Comunicaciones, y esto debe tener consecuencias”, aseguró el senador en declaraciones públicas.
Según explicó Uribe, el Gobierno presentó un formulario ante la CRC en el que afirmó que no habría transmisión de un Consejo de Ministros y que el contenido sería un “mensaje personal del presidente” para la ciudadanía, sin participación de su gabinete.

Sin embargo, lo que se transmitió fue, de acuerdo con lo denunciado, “una transmisión política en cadena nacional con la intervención de ministros y altos funcionarios”, lo que incumpliría las condiciones bajo las cuales se otorgó el permiso.
Por tal motivo, el senador Miguel Uribe presentó una queja disciplinaria ante la Procuraduría General de la Nación, denunciando lo que considera un uso indebido de la solicitud de alocución presidencial.
La queja apunta a presuntas irregularidades cometidas por Gerardo Augusto Cubides, jefe de prensa del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), relacionadas con una solicitud de transmisión oficial de un mensaje presidencial.
Según Uribe Turbay, Cubides diligenció y firmó el “Formulario para Solicitud de Alocución Presidencial”, un documento exigido por la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) para autorizar transmisiones presidenciales en medios de comunicación masivos.
En dicho formulario, Cubides indicó que el mensaje a transmitir sería de carácter urgente y relacionado con una “Emergencia sanitaria – Fiebre amarilla”. Según el documento, el mensaje sería de naturaleza presidencial, con el fin de informar a la ciudadanía sobre la situación de salud pública y garantizar su participación efectiva.
Sin embargo, según el congresista lo que realmente ocurrió el 21 de abril fue una transmisión de la sesión del Consejo de Ministros, en la que además de Petro, participaron otros miembros del gabinete, como el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, y altos funcionarios de diversas entidades de salud pública.
Según el senador, la transmisión no solo no cumplió con la naturaleza del mensaje urgente sobre la emergencia sanitaria, sino que además representó una intervención política del Gobierno en medio de una reunión gubernamental, algo que, según las normativas vigentes, no corresponde a una alocución presidencial.
“De la manera más respetuosa me dirijo a la Procuraduría General de la Nación, para que en los términos dispuestos en el artículo 2 del Código Disciplinario Único, actué en ejercicio de sus funciones, como titular del poder preferente para conocer de asuntos disciplinarios, con respecto a la Queja”, señala el documento enviado a Gregorio Eljach.
Incluso, Miguel Uribe señaló que el actuar del Dapre y del presidente de la República podría considerarse como un acto de falsedad en documento público o, al menos, una inducción al error de una autoridad pública.
Según el senador, el formulario fue utilizado incorrectamente para solicitar la autorización de una transmisión presidencial que no se alineaba con los términos establecidos en el documento.
Al hacerlo, se habría permitido que el presidente Petro hiciera uso de medios públicos para un evento que no correspondía con lo descrito en el formulario, contraviniendo, además, una orden judicial del Consejo de Estado sobre los límites de las transmisiones presidenciales.
Uribe Turbay argumenta que esta actuación podría implicar faltas gravísimas bajo el régimen disciplinario, dado que se utilizó un medio oficial para presentar hechos falsos o deliberadamente tergiversados.
Además, se señala que esta acción podría haber facilitado el incumplimiento de una orden judicial y, por tanto, pone en riesgo la transparencia institucional.
“Es urgente que la Procuraduría General de la Nación ejerza sus facultades de control y vigilancia, y actúe de manera inmediata para investigar esta irregularidad. El Ministerio Público, como garante del adecuado comportamiento de los servidores públicos, debe indagar sobre las actuaciones del señor Cubides, ya que su actuación no solo vulnera las normas vigentes, sino que también mina la confianza ciudadana en el correcto actuar de los funcionarios del estado”, señaló el senador.
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