Un caso que podría comprometer la confianza en los entes de control del municipio de Ibagué ha salido a la luz tras una denuncia presentada por el veedor ciudadano José René Pérez Ortegón.
Según informó el denunciante, más de 50 procesos fiscales y sancionatorios habrían sido archivados sin justificación técnica ni legal en la Contraloría Municipal de Ibagué durante los años 2024 y 2025.
Estos procesos, que involucran al exalcalde Andrés Fabián Hurtado y a la actual alcaldesa Johana Aranda, estarían relacionados con un presunto detrimento patrimonial que supera los $59.000 millones.
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De acuerdo con la denuncia presentada ante la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría General de la República, los expedientes archivados contenían hallazgos fiscales que podrían tener implicaciones penales, destacó el portal La otra verdad.
La denuncia señala que las decisiones de archivo se tomaron de manera sorpresiva y arbitraria, y esto podría constituir actos de omisión deliberada, abuso de autoridad o incluso encubrimiento de posibles hechos de corrupción.
Funcionarios señalados en el caso
En el documento presentado por Pérez Ortegón, también se menciona a la contralora municipal Edna Margarita Murcia Mejía y al subcontralor Antonio Fajardo Rico como presuntos responsables de la terminación irregular de los procesos.
Según el denunciante, ambos funcionarios habrían actuado de manera arbitraria al ordenar el archivo de los expedientes, muchos de los cuales ya contaban con hallazgos que podrían haber derivado en sanciones o investigaciones penales.
El veedor ciudadano solicitó que se inicie una investigación penal formal para esclarecer los hechos y determinar si existió negligencia o manipulación en los trámites realizados por la Contraloría de Ibagué.
Además, pidió que se realice una auditoría integral a todos los procesos archivados durante el periodo señalado, con el objetivo de identificar posibles irregularidades y garantizar la transparencia en el manejo de los recursos públicos.
Preservación de evidencia y trazabilidad de los procesos
Otro de los puntos destacados en la denuncia es la solicitud de medidas para proteger la evidencia relacionada con los procesos archivados.
Pérez Ortegón instó a las autoridades a garantizar la preservación de los expedientes, tanto en formato físico como digital, así como los registros en el sistema SIA Fiscal, utilizado para la gestión de los procesos fiscales.
Estas acciones son consideradas como fundamentales para evitar la pérdida de información clave y asegurar la trazabilidad de los casos, según Pérez Ortegón.
Impacto en la confianza ciudadana
El archivo de procesos fiscales y sancionatorios en la Contraloría de Ibagué no solo afecta a los casos específicos mencionados en la denuncia, sino que también podría sentar un precedente preocupante en cuanto al manejo de los recursos públicos y la rendición de cuentas en el municipio.
Por el momento, las autoridades competentes deberán determinar si las acciones denunciadas constituyen delitos o faltas administrativas, y si los funcionarios señalados incurrieron en conductas que ameriten sanciones penales o disciplinarias.
El caso continúa bajo la lupa de la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría General de la República, mientras la ciudadanía de Ibagué espera respuestas claras y contundentes sobre el manejo de los recursos públicos y la actuación de los entes de control locales.
De igual forma, y en el mismo artículo que publicó el portal del Tolima, se precisó que las denuncias contra el exalcalde de Ibagué Andrés Fabian Hurtado Barrera, “no son menores”, señala el texto, dado que irían desde “enriquecimiento ilícito, tener negocios y nexos con personas que son cercanos a grupos al margen de ley como el Clan del Golfo, no solo una vez sino dos”, indicó el artículo.
Por lo anterior se espera un comunicado oficial por parte de los entes investigadores.
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