Durante el cuarto mes de 2025, el país es testigo del aumento progresivo en los casos reportados de fiebre amarilla, lo que encendió las alarmas en el sistema de salud pública nacional, por lo que la senadora Paloma Valencia, perteneicente al partido Centro Democrático, emitió un comunicado en el que critica con firmeza al Gobierno nacional, en cabeza del presidente Gustavo Petro, al que responsabiliza de actuar de manera tardía y deficiente frente a la emergencia epidemiológica. Según expuso la legisladora, los hechos constituyen una “grave negligencia” de las autoridades responsables de garantizar la salud de la población.
El brote de fiebre amarilla, enfermedad viral transmitida por la picadura del mosquito Aedes aegypti, es históricamente un reto para los sistemas de salud de los países tropicales. Su rápida propagación, especialmente en contextos con limitaciones de infraestructura sanitaria, obliga a una respuesta ágil y coordinada; sin embargo, en el caso colombiano, la controversia gira en torno al tiempo de reacción, la transparencia en el manejo de la información y la conducción de políticas públicas que garanticen el derecho a la salud de la población en riesgo.
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La senadora del partido opositor señaló que el brote no es un fenómeno reciente, ya que se ha venido desarrollando desde octubre de 2024. En ese periodo se confirmaron 23 casos distribuidos en seis departamentos: Putumayo, Caquetá, Nariño, Huila, Vaupés y Tolima. Este último es el más afectado, con 13 contagios registrados y una tasa de letalidad que supera el 56%. Frente a esta situación, Valencia denunció que “lo que hay es una ausencia total de salud pública”, en referencia a lo que considera una falta de presencia efectiva del Estado en las zonas más golpeadas por la enfermedad.
Uno de los principales señalamientos de la senadora está relacionado con el tiempo que tardó el Ejecutivo en emitir una respuesta oficial, de acuerdo con su denuncia, pasaron más de seis meses antes de que el Ministerio de Salud, en cabeza de Guillermo Alfonso Jaramillo, reaccionara públicamente a través de la Circular 012, expedida el pasado 5 de abril de 2025. Esta medida, según Valencia, llegó demasiado tarde: “Es tan tarde, que el problema ya es nacional”, afirmó.
Durante el periodo en que, según la congresista, no se tomaron acciones concretas desde el nivel central, el virus habría logrado expandirse a otras regiones del país, incluyendo el Amazonas y municipios de Antioquia, Bolívar, Boyacá, Caldas y Cauca. Esta situación habría sido facilitada por la falta de mecanismos de contención inmediata, así como por la limitada capacidad de respuesta de las autoridades locales.
Otro de los puntos críticos abordados por la congresista del Centro Democrático tiene que ver con la falta de información detallada contenida en la circular ministerial. A su juicio, el documento emitido por el Gobierno omite aspectos clave para evaluar el estado de la emergencia sanitaria, entre ellos el número de personas inmunizadas en las zonas afectadas, la disponibilidad de vacunas en el país, y la cantidad de insumos para el control del mosquito vector, como toldillos o productos químicos.
“Sin esta información no es posible calcular el impacto del brote ni planificar una contención efectiva”, señaló la senadora, por medio de su comunicado.
La falta de liderazgo nacional frente a la crisis fue otro de los aspectos cuestionados, por lo que la senadora criticó que la respuesta fuera delegada en municipios y departamentos, en lugar de centralizar la estrategia desde el Gobierno nacional. Para Valencia, esta descentralización en medio de una emergencia sanitaria ha representado una fragmentación del manejo del brote: “Es inaceptable que el Gobierno no asuma su responsabilidad”.
Más allá de las preocupaciones sanitarias, Valencia también alertó sobre las posibles implicaciones políticas de la situación. Según su análisis, el Ejecutivo podría estar contemplando el uso de la emergencia como una justificación para tomar decisiones extraordinarias sin el respectivo control institucional. Esto, según sus declaraciones, podría derivar en nuevas contrataciones directas o decisiones administrativas sin pasar por el Congreso de la República. “La ineficiencia del Gobierno se convierte en una oportunidad para el autoritarismo”, advirtió.
Además, la congresista planteó una serie de interrogantes dirigidos directamente al Gobierno nacional, exigiendo respuestas claras frente a la gestión de la crisis, a través de su red social X. Entre las preguntas formuladas se destacan:
- “¿Por qué esperó seis meses para tomar medidas?”
- “¿Cuántas vacunas hay disponibles en el país?”
- “¿Cuántos ciudadanos han sido vacunados?”
- “¿Qué tratamientos hay en los lugares afectados?”
- “¿Cuántos recursos ha dispuesto el Gobierno para controlar el brote?”
La senadora concluyó su intervención con una fuerte declaración sobre el riesgo que representa la demora en la actuación oficial: “La salud pública no puede esperar. La negligencia del Gobierno ha puesto en riesgo la vida de miles de colombianos”.
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