Fedesarrollo advierte sobre impacto fiscal de adelantar el pago de impuestos: explicó que esta práctica “repite el error de 2023″

Un análisis económico publicado por el director ejecutivo de la Fundación para la Educación Superior y el Desarrollo (Fedesarrollo), Luis Fernando Mejía, abrió una nueva discusión en torno a la sostenibilidad fiscal del país ante la estrategia planteada por el Gobierno nacional de adelantar el pago del impuesto de renta correspondiente a 2026. Según el ejecutivo, esta medida permitiría recaudar aproximadamente $13,9 billones en 2025, pero generaría un vacío presupuestal en el año siguiente, afectando el equilibrio de las finanzas públicas.

La observación fue compartida por Mejía a través de su cuenta en la red social X, en la que expresó preocupación por los efectos que podría tener esta estrategia tributaria: “De acuerdo con nuestros cálculos, las nuevas tarifas de retención en la fuente del impuesto de renta implicarían un adelanto en el pago de impuestos de 2026 a 2025 por $13,9 billones (0,8% del PIB). Esto repetiría el error de 2023, con el agravante de que no se ha aprobado una nueva reforma tributaria, por lo que esta operación abrirá un hueco fiscal adicional equivalente el próximo año”.

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La retención en la fuente es un mecanismo tradicionalmente utilizado por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) para recaudar de forma anticipada parte del impuesto de renta que deben pagar los contribuyentes. Mediante este sistema, una fracción de los ingresos que reciben personas naturales y jurídicas es retenida por el pagador —como empleadores o contratistas— y trasladada directamente al fisco nacional, este método permite al Gobierno nacional disponer de recursos de manera más continua durante el año fiscal.

Sin embargo, desde la perspectiva del centro de pensamiento económico, utilizar este mecanismo para adelantar los pagos de un año fiscal futuro plantea retos estructurales. En palabras de Mejía, “en términos prácticos, es como si un trabajador solicitara un adelanto de su salario de 2026 para cubrir los gastos de 2025″. Esta proyección busca ilustrar cómo el recurso a anticipos fiscales puede resolver necesidades inmediatas de liquidez, pero compromete los ingresos disponibles en ejercicios fiscales posteriores.

La advertencia cobra relevancia en un contexto en el que no se ha discutido ni aprobado una nueva reforma tributaria que aumente los ingresos de manera estructural, por lo que el planteamiento de Fedesarrollo resalta que el problema no es únicamente de flujo de caja, sino de falta de ajuste permanente entre ingresos y gastos. La reprogramación del recaudo no representa un aumento real en la capacidad fiscal del Estado, salvo una redistribución temporal que puede encubrir desequilibrios más profundos.

Según el análisis compartido, esta estrategia no modifica la estructura de ingresos del Estado, por lo que sus efectos se sienten de manera diferida. Si bien en 2025 habría una mejora en la liquidez del Gobierno, el mismo monto no estaría disponible en 2026, lo que provocaría una presión adicional sobre las finanzas públicas. En ausencia de medidas correctivas, como una reforma tributaria o una reducción del gasto, la práctica podría comprometer la sostenibilidad fiscal.

Frente a este panorama, Mejía propone una medida que considera esencial para evitar un desequilibrio mayor: el ajuste del gasto público: “La única salida responsable es recortar el gasto: en el caso de un hogar, ajustando su consumo; y en el caso del Gobierno, reduciendo el presupuesto en $28 billones, como lo hemos advertido repetidamente desde el año pasado”, escribió el economista en la misma publicación. Este monto representa una proporción significativa del presupuesto nacional, por lo que implicaría una revisión profunda de los planes de inversión, subsidios, funcionamiento estatal y políticas sociales.

El cálculo de $28 billones como ajuste presupuestal sugerido por Fedesarrollo apunta a compensar no solo el vacío fiscal generado por el anticipo tributario, sino también a preservar la credibilidad de las finanzas del Estado. En efecto, la confianza en la política fiscal y la sostenibilidad del gasto público es un componente esencial para mantener condiciones favorables en el acceso a financiamiento, tanto a nivel nacional como internacional.

Es importante destacar que, Luis Fernando Mejía es una voz influyente en el debate económico colombiano. Desde su llegada a la dirección de Fedesarrollo en 2018, ha liderado investigaciones y formulaciones de política económica que tuvieron impacto en la agenda pública. Su trayectoria se destaca porque fue director del Departamento Nacional de Planeación (DNP), director de Política Macroeconómica en el Ministerio de Hacienda y cargos de investigación en el Banco de la República, el Banco Interamericano de Desarrollo y universidades como la de Chicago.

El análisis de Mejía expone una inquietud técnica en torno a la estrategia fiscal actual, que, si bien puede ofrecer una solución a corto plazo, dejaría compromisos financieros sin respaldo en el mediano plazo.