Se conocen nuevos detalles de la polémica auditoría de la Contraloría a Prosperidad Social: 44% de los contratos irregulares se dieron en 2021

Seis días después de que la Contraloría General de la República revelara las serias irregularidades en la gestión de recursos destinados a proyectos de infraestructura social en Colombia, se conocen nuevos detalles de la polémica auditoria adelantada al Departamento de Prosperidad Social (DPS).

Según las primeras informaciones entregadas por el órgano de control, al menos 2.5 billones de pesos asignados a través de 889 convenios interadministrativos entre el DPS y diversas alcaldías del país carecen de soportes que permitan verificar su ejecución.

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Sin embargo, en la mañana del domingo 13 de abril la revista Cambio reveló nuevos apartes del informe que cuenta con más 870 páginas y que dejaron al descubierto los años en que más irreguralidades se presentaron.

El 22 de julio de 2024, más de 100 funcionarios de la Contraloría irrumpieron en las oficinas del DPS para auditar convenios firmados durante más de una década.

Sin embargo, el proceso se encontró con un obstáculo de la falta de documentación completa en la mayoría de los casos. De los 889 convenios seleccionados, solo 25 contaban con expedientes completos, lo que permitió verificar únicamente el uso de 58.000 millones de pesos, equivalentes al 2,31% del total auditado.

De acuerdo con el informe al que accedió Cambio, los convenios auditados fueron firmados entre 2020 y el primer semestre de 2024, aunque algunos datan de 2010.

Estos contratos, destinados principalmente a la construcción y reparación de vías en zonas de alta pobreza, fueron gestionados bajo la figura de contratación directa, permitida por la ley. Sin embargo, la falta de registros en el DPS, las alcaldías y las interventorías ha dificultado el seguimiento de los recursos.

El DPS debía supervisar cada proyecto, mientras que las alcaldías contratarían empresas para ejecutar las obras y designarían interventorías para su vigilancia.

A pesar de estas múltiples instancias de control, la Contraloría encontró que en muchos casos no existe documentación que respalde la ejecución de los proyectos. Incluso tras revisar sistemas de información financiera, archivos físicos y plataformas como Secop, la información recuperada fue insuficiente.

Uno de los años más críticos en la gestión de estos convenios fue 2021, cuando se firmó el 44% de los contratos auditados. Según la información obtenida por Cambio, este periodo coincide con el escándalo conocido como “Las Marionetas”, en el que recursos del DPS habrían sido utilizados con fines políticos por el fallecido senador Mario Castaño. En ese entonces, la entidad estaba dirigida por Susana Correa, que ha sido señalada por su presunta participación en el direccionamiento de contratos.

El informe de la Contraloría destaca que muchos de los expedientes de 2021 carecen de documentos que justifiquen la selección de los proyectos y las alcaldías beneficiadas.

Tampoco se encontraron actas de comités técnicos ni registros que expliquen la pertinencia de los convenios. Según declaraciones previas de Correa a Cambio, los proyectos se escogieron con base en prioridades sociales y de infraestructura, y aseguró que toda la información debía estar en los archivos del DPS.

El informe de la Contraloría detalla que, para cada convenio, se realizaron 33 requerimientos de información, incluyendo copias de los contratos, pólizas, actas de supervisión y soportes de pago. Sin embargo, en muchos casos, la documentación estaba incompleta, desordenada o era ilegible. Algunos archivos digitales estaban dañados o vacíos, y se encontraron carpetas físicas sin contenido.

Según el informe, no se hallaron registros de comités técnicos que avalaran la necesidad de los convenios ni documentos que justificaran su adjudicación. Esta situación ha dificultado determinar si los recursos fueron utilizados de manera adecuada o si hubo irregularidades en su manejo.

Desde marzo de 2023, bajo la dirección de Gustavo Bolívar, el DPS ha iniciado acciones para esclarecer el destino de los recursos. La entidad ha enviado más de 800 oficios a las alcaldías involucradas para verificar en terreno si las obras se ejecutaron y en qué estado se encuentran.

Además, Bolívar ha trasladado la denuncia a la Fiscalía General de la Nación para que investigue posibles conductas penales relacionadas con la pérdida de recursos.

Por su parte, la Contraloría también ha desplegado equipos para inspeccionar los proyectos y determinar si las obras prometidas, como vías y placas huella, fueron realizadas. En caso de encontrar irregularidades, se podrían iniciar procesos de responsabilidad fiscal y trasladar los casos a otras autoridades competentes.

La auditoría de la Contraloría también abarcó convenios firmados entre 2022 y 2024, pero no se encontraron registros de contratos nuevos durante la administración de Cielo Rusinque ni de Laura Sarabia, que lideraron el DPS en 2023 y 2024, respectivamente.

Según Cambio, los contratos firmados por Bolívar en este periodo no utilizan la modalidad de convenios interadministrativos y, por lo tanto, no están incluidos en la auditoría.

La investigación sobre el manejo de los 2.5 billones de pesos asignados por el DPS está lejos de concluir. Tanto la Contraloría como el DPS han reconocido las dificultades para realizar un control interno efectivo debido a la falta de documentación.

Sin embargo, ambas entidades han reiterado su compromiso de esclarecer el destino de los recursos y garantizar que se utilicen en beneficio de las comunidades más necesitadas.