Defensa de Epa Colombia plantea nuevo recurso para que su condena sea reevaluada

Daneidy Barrera Rojas, mejor conocida como Epa Colombia, fue condenada a pasar más de cinco años tras las rejas, por los delitos de los que fue acusada en 2019 por actos vandálicos en una estación de Transmilenio.

Recientemente, se conoció la llegada de un nuevo concepto al juzgado tercero de ejecución de penas de Bogotá, con el que se busca apoyar la petición de sustitución de medida de aseguramiento que de acuerdo con Semana, fue presentada por Francisco Bernate Ochoa, representante de la empresaria.

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De acuerdo con información revelada por el medio de comunicación antes citado, el documento en mención aparece firmado por la Fundación Faruq Abdala Internacional, que está detrás de las manifestaciones y cadenas de oración con el objetivo de exigir la libertad de la empresaria que “solicita replantear la condena”.

Este documento está relacionado con las declaraciones que entregó la directora de la fundación, María Elba Salazar, por medio de sus redes sociales: “Es una mujer que injustamente está condenada. Somos mujeres, somos madres y debemos apoyarnos (...) Que hagamos una oración simultánea para que nuestra amiga pueda quedar en libertad y estar con su hija”, señaló la mujer en ese momento.

Además, la defensa de la empresaria bogotana pidió la libertad bajo la normativa de la ley de utilidad pública, una medida que permite a mujeres cabeza de familia cumplir su condena en libertad, en lugar de ir a prisión, otorgando beneficios también a las personas que promuevan actividades de estudio y trabajo dentro de la comunidad.

Basado en esto, es de recordar que la empresaria en las múltiples entrevistas que ha otorgado en diferentes medios de comunicación estudiará la carrera de administración de empresas y quiere capacitar a las reclusas en temas de peluquería, teniendo en cuenta su empresa de keratinas.

No obstante, la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, en conversación con Blu Radio, explicó que uno de los requisitos para aplicar a esta Ley de Utilidad Pública es que el delito cometido esté relacionado con su condición de extrema pobreza, como la falta de participación en los beneficios y recursos sociales, así como el acceso a las necesidades básicas, como el alimento.

Por esa razón y teniendo en cuenta las condiciones socioeconómicas actuales de la empresaria de keratinas, no sería posible que Daneidy aplique la el beneficio de Ley de Utilidad Pública.

“Hay personas que cometen el delito en relación con su extrema pobreza para, por ejemplo, poder darle alimentación a su hijo. En ese caso en particular, hay una relación entre su marginalidad y su comportamiento; es casi que obligado”, comentó.

Además, al ser interrogada sobre las posibilidades de que la mujer, que está recluida en el centro penitenciario El Buen Pastor de Bogotá por los actos de vandalismo que cometió contra las instalaciones y buses de Transmilenio en el 2019, Buitrago explicó que hay un delito que no le permitirá acogerse al beneficio.

“En este caso en particular hay un delito y lo digo teóricamente, que habla de instigación para terrorismo; yo he sido clara en que no comparto que en el caso de Epa haya habido terrorismo. Sin embargo, ella aceptó cargos y está condenada por ese delito; eso impide”, detalló la funcionaria.

Incluso, el presidente Gustavo Petro también se pronunció al respecto sobre la condena que paga la creadora de contenido y lejos de su pequeña hija Daphne Samara.

“Esta mujer, al ser madre cabeza de familia, está resguardada por la ley que aprobó en el Congreso nuestro ministro progresista de Justicia, Néstor Osuna: debe salir diariamente de la cárcel. Le solicito a la ministra de Justicia, ante el Inpec, aplicar la ley”, aseguró el jefe de Estado.