Un juez penal especializado condenó a 41 años de prisión a Fabio Andrés Garcés Olier, alias Pica o Picapiedra, como responsable del secuestro, tortura y desaparición de dos hombres en hechos ocurridos el 7 de enero de 2023 en Quibdó, Chocó.
De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, las víctimas habían viajado desde Cali hasta la capital chocoana tras recibir una supuesta oferta laboral relacionada con minería.
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Sin embargo, al llegar al punto de encuentro, fueron abordadas por tres sujetos que se identificaron como miembros de la estructura criminal los Caparros. Los hombres fueron retenidos en contra de su voluntad y sometidos a actos de violencia extrema.
Las investigaciones del Gaula de la Fiscalía en Chocó revelaron que las víctimas fueron golpeadas, intimidadas con armas de fuego y sometidas a tratos crueles y denigrantes.
Aunque sus cuerpos no han sido hallados hasta la fecha, los responsables contactaron a sus familias para exigir 60 millones de pesos a cambio de una supuesta liberación que nunca ocurrió.
Alias Picapiedra, quien para ese momento se encontraba recluido en la cárcel de Popayán (Cauca), fue el que coordinó las llamadas extorsivas.
Posteriormente, aceptó su responsabilidad por los delitos de secuestro extorsivo agravado, desaparición forzada agravada y tortura agravada, lo que permitió una sentencia anticipada.
El ahora condenado será trasladado y permanecerá recluido en la cárcel de máxima seguridad de Valledupar, en el departamento de Cesar.
La extorsión desde las cárceles: un problema persistente
La extorsión se ha convertido en un problema creciente en Colombia, con cifras que reflejan un aumento sostenido en los últimos años.
Según datos del Ministerio de Defensa, en los dos primeros meses de 2025 se registraron 1.854 casos de extorsión, un incremento significativo en comparación con los 1.641 casos reportados en el mismo periodo de 2024.
Este fenómeno afecta tanto a las áreas urbanas, donde las bandas criminales tienen mayor incidencia, como a las zonas rurales, donde los grupos armados y las extorsiones realizadas desde las cárceles agravan la situación.
De acuerdo con información publicada por El Tiempo, Bogotá lidera las estadísticas de procesos penales por extorsión, con un total de 16.481 casos registrados entre 2019 y el 5 de febrero de 2025. Le siguen Antioquia, con 15.992 procesos, y el Valle del Cauca, con 11.773.
Estas cifras evidencian la magnitud del problema en las principales regiones del país, donde la delincuencia común organizada es la principal responsable de este delito.
El representante a la Cámara por el partido Cambio Radical, Julio Cesar Triana Quintero, recopiló información clave sobre este delito a través de solicitudes realizadas a la Policía y al Ministerio de Justicia.
Según los datos del Consejo Superior de la Judicatura, entre 2019 y 2023 se condenó a 2.664 personas por extorsión, mientras que 365 fueron absueltas. Sin embargo, las cifras de capturas anuales no superan las 2.950, lo que refleja un desafío en la lucha contra este delito.
Uno de los aspectos más preocupantes del fenómeno de la extorsión en Colombia es su origen desde los centros penitenciarios. Según las investigaciones realizadas por Triana Quintero, solo 16 establecimientos de reclusión del orden nacional cuentan con sistemas de bloqueo de señales de comunicación móvil.
Sin embargo, de estos, únicamente seis están operativos, y presentan problemas de obsolescencia tecnológica. Los otros diez sistemas están fuera de servicio, lo que facilita que los internos continúen delinquiendo desde las cárceles.
Entre los establecimientos con sistemas inoperativos se encuentran la cárcel de Puerto Triunfo, el Complejo Carcelario y Penitenciario de Medellín, la cárcel de Bucaramanga, el Complejo Carcelario de Bogotá conocido como La Picota, la cárcel El Barne en Boyacá, y la cárcel de Valledupar, entre otros.
Esta situación pone en evidencia la necesidad de fortalecer las medidas de control en los centros penitenciarios para combatir la extorsión carcelaria.
Además, entre 2021 y 2025, las autoridades reportaron el bloqueo de 31.452 códigos IMEI de teléfonos celulares utilizados en actividades ilícitas dentro de las cárceles.
Sin embargo, la persistencia de este problema demuestra que estas acciones no han sido suficientes para erradicar la extorsión desde los centros de reclusión.
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