El exgobernador de La Guajira Jorge Eduardo Pérez Bernier se entregó a la Fiscalía General de la Nación en Riohacha, en un acto que marca el punto final de una extensa investigación judicial por su responsabilidad en un escándalo de corrupción que involucra más de 24.000 millones de pesos del erario del departamento.
La entrega se produjo el jueves 10 de abril, mientras la Corte Suprema de Justicia tiene listo un fallo condenatorio que será oficializado mediante la lectura del mismo, el viernes 11 de abril.
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Pérez Bernier, que gobernó el departamento entre 2008 y 2011, enfrenta cargos por contrato sin cumplimiento de los requisitos legales y peculado por apropiación a favor de terceros, agravado por la cuantía, por un proyecto de infraestructura educativa que, lejos de beneficiar a los niños de las comunidades más vulnerables de La Guajira, terminó convertido en uno de los mayores escándalos de corrupción administrativa del departamento.
“Lo hago con la conciencia limpia”: Bernier
Al momento de su entrega a las autoridades, el exmandatario declaró que su decisión obedece a una convicción personal y política. “Lo hago con la firme convicción de que siempre actué con responsabilidad y respeto por la ley durante mi gestión como gobernador. Este paso refleja mi compromiso con la justicia, la transparencia y los principios que han guiado mi vida pública”, afirmó en declaraciones recogidas por el medio regional Diario del Norte.
Asimismo, expresó sentirse en paz consigo mismo pese a las acusaciones que pesan sobre él: “He recibido cariño, respeto y reconocimiento por lo que hicimos en la Gobernación. Las obras están ahí, los programas sociales también. No son discursos, son hechos”, añadió, destacando lo que considera logros palpables de su administración.
La Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema ya anunció el sentido de fallo condenatorio y confirmó que dictará una sentencia de 22 años de prisión en su contra.
Un contrato que terminó en escándalo
El caso contra Jorge Pérez Bernier tiene su origen en el contrato No. 770 del 27 de noviembre de 2009, firmado entre la Gobernación de La Guajira y la Unión Temporal del Norte (UTN), representada por Carmenza Ávila Chassaigne. El objeto del contrato era ambicioso: construcción, ampliación y adecuación de colegios en el departamento, por un valor inicial de $90.000 millones de pesos.
Sin embargo, durante su ejecución, el contrato fue objeto de numerosas adiciones que incrementaron el plazo, modificaron la ubicación de las obras y elevaron el valor total a $134.000 millones. Según la investigación, estas modificaciones fueron realizadas sin los estudios técnicos ni de viabilidad exigidos por la ley, lo que representó un incumplimiento sistemático de los requisitos de contratación pública.
La Corte Suprema determinó que el proceso fue direccionado desde el inicio. Las condiciones del contrato favorecieron exclusivamente a la UTN, sin permitir una competencia real, y se evidenció que el contratista principal subcontrató la mayoría de las obras a precios muy inferiores, sin añadir criterios técnicos y con una evidente intención de lucro indebido.
En el análisis del caso, el alto tribunal concluyó que las irregularidades no fueron hechos aislados, sino que hicieron parte de un plan estructurado y sostenido. “Las actuaciones de Pérez Bernier no fueron hechos independientes, sino que obedecieron a un diseño criminal único que se ejecutó en múltiples momentos, pero con continuidad en su propósito ilícito, ejecutado con unidad de propósito y dolo global”, señaló la Sala Especial de Instrucción.
Entre los hallazgos más graves figura la apropiación indebida de recursos públicos por un monto de $24.154 millones de pesos, que habrían beneficiado a terceros y a la misma Unión Temporal contratista. Se identificaron facturas por materiales no utilizados, costos sobrevalorados, y obras que no fueron realizadas o fueron ejecutadas de manera deficiente.
Además, se comprobó que los mecanismos de control de la Gobernación fueron completamente ineficaces o inexistentes, permitiendo que el contratista actuara como un simple intermediario sin cumplir con estándares mínimos de calidad o transparencia.
Pese a la contundencia de las pruebas en su contra, Jorge Pérez Bernier insiste en su inocencia y asegura confiar en un desenlace justo: “Dios es justo. No actué en contra de la ley, fui serio, participativo y honesto. El pueblo de La Guajira sabe que lo único que hice fue trabajar con amor por esta tierra”, concluyó antes de ser puesto bajo custodia.
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