Un trágico incidente que se presentó dentro de una estación de policía del municipio de Tocancipá, en el departamento de Cundinamarca, ha generado conmoción y preguntas acerca de la responsabilidad estatal en la protección de personas bajo custodia.
En este caso, el protagonista fue Mauricio Hurtado, un comerciante de 36 años que fue asesinado mientras se encontraba detenido de manera preventiva en una celda del lugar, y allí fue agredido por otro detenido con el que estaba compartiendo celda.
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De acuerdo con las primeras versiones, Hurtado no había cometido ningún delito. Su detención se produjo cuando se encontraba a las afueras de su negocio, aparentemente consumiendo bebidas alcohólicas, explicó El Espectador.
Esto provocó que la Policía lo trasladara al centro de protección, donde fue encerrado junto a otros ciudadanos. Este hecho ha suscitado críticas sobre los procedimientos policiales y el cumplimiento de las obligaciones estatales en la protección de los derechos de las personas privadas de la libertad.
La protesta simbólica en Tocancipá con el ataúd
Los ánimos en el municipio están caldeados y parte de la percepción de la ciudadanía se refleja en varios de los comentarios en rede sociales por parte de los usuarios en las páginas y canales que tiene dispuesta la Alcaldía municipal de Tocancipá (Cundinamarca), donde cuestionaron el accionar de las autoridades, en cabeza del mandatario Walfrando Adolfo Forero Bejarano.
Con rabia y pidiendo respuestas, con gritos y arengas los familiares de Hurtado llegaron cargando el ataúd, y dicho momento quedó consignado en un video que se difundió a través de las rede sociales el martes 8 de abril de 2025.
Pese a que la versión de la Policía es que el hombre se resistió al procedimiento judicial, la familia de Mauricio niega que esto haya pasado así, por tal motivo se abrió una investigación que determinará la responsabilidad de la institución, que en ese momento tenía a cargo al comerciante que falleció luego de recibir un golpe y caer al suelo. Este golpe en su cabeza fue fatal, y no habría recibido atención de inmediato, y solo le dieron cachetadas para que despertara.
La obligación del Estado en la protección de los detenidos
El caso de Mauricio Hurtado ha reavivado el debate sobre la responsabilidad del Estado en la protección de las personas bajo su custodia. Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh), el Consejo de Estado y la Corte Constitucional, el Estado tiene el deber de garantizar la vida y la integridad de quienes se encuentran privados de libertad, dado que ejerce control total sobre sus condiciones de detención.
Este principio fue citado en una sentencia relacionada con un caso ocurrido en un CAI de Soacha, donde ocho reclusos murieron en un incendio. Ahora, este mismo marco legal podría aplicarse al caso de Hurtado, quien perdió la vida en circunstancias que han generado indignación y cuestionamientos.
Detención preventiva y denuncias de abuso policial
La detención de Mauricio Hurtado ocurrió cuando agentes de la Policía llegaron a su negocio y le pidieron que despejara el espacio público. La esposa de la víctima relató a Noticias Caracol que los uniformados lo requisaron y lo obligaron a tomarse una fotografía, pese a que él no mostró resistencia ni fue agresivo. “Lo dejaron morir”, añadió su familiar.
Vecinos del lugar informaron que los agentes lo empujaron y lo trataron de manera violenta antes de trasladarlo a la estación policial.
Una vez en la estación, Hurtado fue ingresado en una celda donde en principio había una pareja detenida. Sin embargo, en algún momento, quedó solo con otro hombre, que lo atacó y le quitó la vida. Este desenlace ha generado interrogantes sobre los protocolos de seguridad y supervisión dentro de las instalaciones policiales, así como sobre la decisión de ubicar a Hurtado en una celda compartida.
La investigación ya se abrió por parte de las autoridades, que buscan esclarecer los detalles tras la muerte del comerciante dentro de la estación de Policía de Tocancipá.
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