Paloma Valencia denunció “colapso del sistema de salud”: “Los servicios hospitalarios están cerrando”

A través de una columna publicada en X, la senadora Paloma Valencia planteó un panorama crítico sobre el sistema de salud en Colombia, centrando su análisis en las consecuencias de las intervenciones gubernamentales a las Entidades Promotoras de Salud (EPS).

Según la congresista, el modelo implementado por el gobierno no ha logrado los objetivos propuestos y estaría generando un colapso progresivo del sistema.

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Uno de los aspectos que más preocupa, según sus afirmaciones, es el nivel de endeudamiento de las EPS intervenidas. A febrero de 2025, la deuda total de estas entidades habría alcanzado los 17,3 billones de pesos, con una proporción significativa —alrededor del 43%— correspondiente a obligaciones con más de 180 días de vencimiento.

Las cifras presentadas sugieren un deterioro acelerado en la capacidad de pago, con aumentos superiores al 100% en varias categorías de mora con respecto a 2022.

En ese contexto, Valencia señala que los prestadores de servicios de salud —hospitales y clínicas— estarían comenzando a cerrar áreas de atención ante la falta de liquidez y el crecimiento de las cuentas por cobrar.

La crítica apunta a que el sistema de salud, tal como estaba diseñado, funcionaba con márgenes estrechos, pero operativos, previendo que de cada cien pesos recibidos, una EPS debía gastar entre 90 y 95. No obstante, con el nuevo esquema, algunas EPS están gastando mucho más de lo que reciben: Asmet Salud, por ejemplo, estaría utilizando 127 pesos por cada 100 ingresados, seguida por Capresoca (124), Famisanar (120), SOS (119) y otras con cifras igualmente preocupantes.

En cuanto a la respuesta de los usuarios, las quejas habrían alcanzado niveles históricos. El número de reclamos contra las EPS intervenidas superó el millón en el último año, con un aumento del 25% frente al periodo anterior.

La tasa de reclamos por cada mil afiliados también se disparó en varias entidades, incluyendo aumentos significativos en Capresoca, Savia Salud, Coosalud y otras.

Actualmente, el gobierno mantiene intervenidas nueve EPS que, en conjunto, cubren a cerca de treinta millones de afiliados. A esta cifra se añade la intervención del régimen especial FOMAG, encargado de la atención en salud de más de 660 mil docentes y beneficiarios.

La Nueva EPS, la más grande del país, concentra el 60% del total de la deuda, aunque su información más reciente correspondería solo hasta noviembre de 2024. Según Valencia, la entidad habría dejado de reportar cifras oficiales desde finales del año pasado, y la información disponible ha sido conocida a través de acciones judiciales.

Otro punto de alerta señalado por la senadora se refiere al patrimonio negativo de varias EPS intervenidas. Casos como el de Sanitas, Coosalud y Famisanar evidenciarían una pérdida patrimonial significativa en el periodo comprendido entre 2022 y 2024.

Por ejemplo, Famisanar habría pasado de reportar un patrimonio negativo de 68 mil millones de pesos a uno cercano a los 2 billones negativos.

Finalmente, la senadora también cuestionó la idoneidad de algunos funcionarios actualmente involucrados en la administración del sistema. Indicó que algunos exinterventores y miembros de sus equipos estarían enfrentando señalamientos por posibles actos de corrupción.

Asimismo, hizo referencia a personas que, habiendo ocupado cargos directivos en otras EPS en crisis, hoy estarían desempeñando funciones de alta responsabilidad en entidades como la Nueva EPS y Coosalud.

“Esto se suma a que algunos de los ex interventores y sus equipos estarían acusados por corrupción. También tengo conocimiento de que el ex gerente general de Medimas sería ahora el vicepresidente de Coosalud. El ex representante legal de Ecoopsos sería hoy el secretario general de la Nueva EPS y la ex auditora general de Medimás estaría de vicepresidente de salud de la Nueva EPS”, señala.

Con este balance, Valencia concluye que la estrategia gubernamental no ha corregido los problemas estructurales del sistema y, por el contrario, los habría agravado. En su criterio, el modelo requiere no solo ajustes urgentes sino también una evaluación transparente de los resultados obtenidos hasta ahora.