Petro denunció corrupción en la Superintendencia de Vigilancia y salpicó a Gaviria y Uribe: 62.664 armas que “no se sabe dónde están”

En el sexto Consejo de Ministros televisado del Gobierno, el presidente de la República, Gustavo Petro, denunció el lunes 7 de abril de 2025 el uso de armas oficiales de la Superintendencia de Vigilancia por parte de grupos criminales y paramilitares y responsabilizó a los gobiernos de César Gaviria y Álvaro Uribe Vélez de una serie de decisiones que, según él, facilitaron la expansión del paramilitarismo en el país.

La denuncia hecha por el jefe de Estado, durante la sesión en la que como tema central se abordó la situación de la energía eléctrica en el Colombia, está relacionado, ni más ni menos, que con uno de los flagelos que ha golpeado a Colombia durante décadas: el narcotráfico, la seguridad pública y la relación entre actores del Estado y grupos armados ilegales; algunos de ellos sometidos a desmovilizaciones.

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Según Petro, son al menos 62.264 armas del Estado que, según dijo, “no se sabe dónde están ni quién las tiene”. Y remarcó que empresas estarían emitiendo certificados de formación de escoltas y manejo de armas a personas vinculadas a grupos criminales como el Clan del Golfo, lo que encendió las alarmas debido al grave impacto que este tipo de acciones podría tener en la seguridad pública.

Gustavo Petro habló de las Convivir: involucró a César Gaviria y Álvaro Uribe

En su intervención, el primer mandatario recordó que el paramilitarismo en Colombia tiene raíces profundas que se remontan a las políticas implementadas en los años 90. En particular, señaló la creación de las llamadas Convivir, a través un decreto aprobado en el gobierno de César Gaviria (1990-1994), que permitió a civiles armados colaborar en labores de seguridad en diversas regiones del país.

“Desde 1993 hasta hoy, fecha en la que inició el paramilitarismo, en Colombia se le entregaron licencias de funcionamiento a 2.019 empresas de vigilancia a través de la Superintendencia de Vigilancia”, remarcó el gobernante, que fue enfático en señalar lo que considera es la falta de supervisión estatal sobre estas entidades, que operaron sin regulación durante años en Colombia.

Según el presidente, este decreto fue la semilla que permitió la consolidación de los grupos paramilitares, que, a pesar de ser una fuerza de carácter ilegal, recibieron el respaldo indirecto de las autoridades. Y, aunque aclaró que la iniciativa surgió durante este mandato, fue el gobernador de Antioquia Uribe Vélez (1995-1997), el que puso en marcha esta iniciativa, relacionada con las autodefensas.

“César Gaviria, que en su guerra con Pablo Escobar creó el decreto de las Convivir. No fue Uribe, fue Gaviria. Y dicen que Samper también ahí lo avaló. Pero el que lo aplica es Uribe, siendo gobernador de Antioquia”, indicó Petro en su declaración. Este decreto, según el presidente, permitió que 20.000 hombres armados, muchos de ellos paramilitares y narcotraficantes, estuvieran en control de la seguridad de Antioquia.

“La mayoría de esos hombres armados eran los actuales jefes o los que fueron los jefes del paramilitarismo y narcotraficantes”, añadió el jefe de Estado, al explicar que las armas entregadas fueron, al parecer, utilizadas por estos grupos para expandir su poder e influencia en el territorio paisa y otras regiones del territorio nacional. De hecho, en su denuncia, Petro fue más allá y sugirió otros nexos.

En efecto, el mandatario hizo énfasis en lo que es para él la conexión directa entre el Estado y los grupos paramilitares a través de la entrega de armas oficiales. Y detalló cómo, bajo la Superintendencia de Vigilancia, se autorizó la distribución de armas a empresas de seguridad privada, muchas de las cuales, según él, estaban vinculadas a grupos criminales.

Según Petro, el Estado está cuidando a los capos con armas oficiales, pues llegaron a manos de narcotraficantes, quienes las utilizaron para proteger sus intereses ilegales. Desde su concepto, pese a los esfuerzos de su mandato por investigar estos hechos, la Superintendencia de Vigilancia no había tenido un control efectivo sobre las empresas de seguridad privada.

“La superintendencia (de vigilancia) sigue construyendo paramilitarismo, nunca dejó de construirlo y siguen siendo armas oficiales las que ingresan a los grupos criminales con sello oficial y hombres armados con sello oficial de empresas privadas de escolta que siguen siendo los escoltas de los grandes capos del crimen en Colombia. Es decir, el Estado está cuidando a los estados con armas oficiales”, denunció.

La funcionaria que Gustavo Petro designó para la investigación de este asunto

En su mención a este álgido tema, Petro mencionó que para las labores de investigar y controlar las actividades de la Superintendencia de Vigilancia, fue encargada Jennifer Parra, como titular de esta dependencia; siendo esta exfuncionaria del hoy ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, durante su administración en la Alcaldía de Ibagué (2016-2019), cuando se desempeñó como secretaria Administrativa.

“Fue este gobierno el que se puso en la tarea para que esa superintendencia efectivamente vigile a empresas de vigilancia, departamentos de seguridad, transportadoras de valores y escuelas de capacitación”, dijo Petro, que añadió que en gobiernos anteriores no se había hecho nada por regular estas actividades. Es más, en su declaración, mencionó algunas firmas que están bajo sospecha.

El debate sobre el control estatal y la seguridad privada promete ser otro de los frentes en los que Petro, incluso involucrando a expresidentes de la República, está dispuesto a dar batalla. Y todo porque quiere insistir en lo que a su juicio es la responsabilidad del Estado en la creación y perpetuación de estructuras paramilitares en Colombia.