Al término del sexto Consejo de Ministros televisado del 7 de abril de 2025, el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, entregó declaraciones sobre uno de los temas que más llamaron la atención en la intervención del mandatario Gustavo Petro: las miles de armas que supuestamente están en manos criminales, desde la época del paramilitarismo.
El presidente responsabilizó a los gobiernos de César Gaviria y Álvaro Uribe Vélez por esta práctica.
De acuerdo con esas declaraciones, el jefe de la cartera dialogó con Caracol Radio y explicó que actualmente se mantienen investigaciones hacia empresas privadas de seguridad que serían responsables de entregar certificaciones de escoltas a delincuentes, lo que les permite obtener este tipo de armamento.
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“El presidente acaba de decir que son 62.000 o más las que están en poder de los criminales porque las empresas privadas de seguridad están entregando diplomas de escolta a criminales. Bueno, ahí hay un tráfico ilegal que se esconde en algunas, no son todas, empresas de seguridad privada”, señaló Sánchez al medio de comunicación.
Asimismo, aseguró que este tema se viene trabajando desde hace un par de semanas para identificar la procedencia y el uso de ese armamento, además de determinar qué organizaciones lo tendrían en su poder.
“Llevamos varias semanas analizando con la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, y estamos detrás de las líneas para determinar quién las tiene, qué han hecho con ellas y, obviamente, llevarlos a la justicia. Pero es un tema que ya estamos trabajando arduamente, de manera integrada también con la Fiscalía General de la Nación, y que hay que desmantelar, porque como lo expliqué hoy en la plenaria, casi el 67% de los homicidios ocurre por sicariato, y algunas de esas armas tienen relación con este tipo de delitos”, concluyó el ministro.
Estas declaraciones se basan en las palabras del mandatario, quien aseveró en su intervención que, desde la Superintendencia, se está financiando el crimen organizado mediante la entrega de licencias y armamento a criminales que serían paramilitares: “La Superintendencia sigue construyendo paramilitarismo, nunca dejó de construirlo, y siguen siendo armas oficiales las que ingresan a los grupos criminales, con sello oficial, y hombres armados con sello de empresas privadas de seguridad y escolta, que siguen siendo los escoltas de los grandes capos del crimen de Colombia, es decir, el Estado está cuidando a los capos con armas oficiales”.
Indicó que la cantidad de armas que están desaparecidas es demasiado grande, todas ellas con licencias avaladas por el Gobierno, desconociendo su paradero y uso, y temiendo que hayan caído en manos de varios grupos que tienen atemorizado al país.
Esto es especialmente relevante teniendo en cuenta que Colombia atraviesa un recrudecimiento de violencia que ha cobrado la vida de civiles, entre ellos niños y jóvenes, firmantes de paz que estaban en proceso de reincorporación a la sociedad, y guerrilleros que cayeron en medio de combates u ofensivas por parte de las Fuerzas Militares: “Hay 62,664 armas de las que no se sabe dónde están ni quién las tiene. Sin descartar que estén al servicio del crimen organizado con licencia del Estado”.
Finalmente, comentó que bajo su directriz se removieron a varios funcionarios de sus cargos, quienes estarían relacionados con este tipo de prácticas que atentan contra el buen proceder y el objetivo de las instituciones a las que pertenecían: “En el 2024 se cancelaron 16 licencias de funcionamiento bajo su mandato, a causa de la tramitación ilegal de funcionarios que fueron nombrados bajo este Gobierno, hombres que fueron retirados de manera inmediata de su cargo y denunciados ante la Fiscalía General de la Nación”.