El presidente Gustavo Petro se pronunció sobre la muerte de Sara “la Millerey”, una mujer trans a quien le fracturaron sus brazos y piernas, para luego ser lanzada a la quebrada Playa Rica, en Bello, Antioquia. Del crimen no se han identificado a los responsables y se tiene un video que ha desertado la indignación de miles de ciudadanos que rechazan lo ocurrido.
El primer mandatario señaló que el asesinato es obra de “nazis” y que ese es el problema de fondo. “Me critican que hable de nazismo. Sé perfectamente que el fascismo es la eliminación violenta de las diferencias del ser humano: políticas, religiosas, étnicas, de libertad sexual. Esto que pasó en Bello se llama fascismo, porque hay Nazis en Colombia”, escribió en su cuenta de X.
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Un asesinato que provocó indignación nacional
El reciente fallecimiento de Sara, una mujer trans víctima de una brutal agresión en Colombia, volvió a encender las alarmas sobre la situación de violencia que enfrenta esta población. Lo ocurrido en la tarde del domingo 6 de abril ha dejado una profunda huella entre sus seres queridos y la comunidad en general, no solo por la crudeza del ataque, sino porque refleja un patrón de odio que se repite con frecuencia preocupante en el país.
Sara vivió sus últimas horas en medio del horror: fue golpeada de manera despiadada y posteriormente inmovilizada, lo que impidió cualquier intento de escapar de la situación de peligro que finalmente le costó la vida. Su muerte se suma a una larga lista de casos en los que la violencia hacia personas transgénero no solo es ejercida con saña, sino que también está atravesada por la indiferencia social e institucional.
Este crimen ha reavivado el debate sobre los desafíos que enfrenta la población trans en Colombia, una de las más vulnerables frente a la violencia motivada por prejuicios. Aunque el país ha avanzado en el reconocimiento legal de los derechos de las personas trans, la realidad cotidiana sigue marcada por la exclusión, la discriminación y los ataques.
Un informe reciente de la Defensoría del Pueblo evidenció que durante los primeros diez meses del año 2024 se registraron al menos 258 incidentes violentos contra personas transgénero y no binarias. Esta cifra representa un preocupante aumento cercano al 30 % frente al mismo período del año anterior, lo que indica un recrudecimiento del fenómeno. Norte de Santander, Santander, Meta, Antioquia y Valle del Cauca figuran entre los departamentos con mayor número de casos reportados.
A su vez, la Fiscalía General de la Nación documentó el asesinato de 26 personas trans en 2024, lo que equivale a un promedio de dos homicidios por mes. Estas estadísticas confirman que se trata de una problemática persistente y en ascenso, que requiere acciones urgentes por parte del Estado.
La violencia, sin embargo, es solo uno de los múltiples rostros de la exclusión. Las personas trans en Colombia también enfrentan dificultades estructurales que afectan su calidad de vida: barreras en el acceso a servicios de salud, condiciones hostiles dentro del sistema penitenciario, y una justicia que muchas veces responde con lentitud o desdén. A esto se suma la falta de capacitación de funcionarios encargados de atender denuncias por violencia o discriminación, lo que desalienta a las víctimas a buscar ayuda y contribuye a un clima de impunidad.
Frente a este panorama, la Defensoría del Pueblo ha reiterado que los avances legales no se han traducido en garantías reales de protección. Si bien existen marcos normativos que reconocen los derechos de la comunidad LGBTIQ+, su implementación ha sido parcial, y muchas veces carece del respaldo presupuestal y técnico necesario.
En respuesta, la entidad ha instado al Gobierno Nacional a priorizar la ejecución de herramientas como el CONPES-LGBTIQ+ y la actualización de la Política Pública Nacional LGBTI, con el objetivo de diseñar acciones que respondan de forma efectiva a las necesidades de estas poblaciones. Una de las propuestas más relevantes es la activación del “Mecanismo para la Prevención y Atención Integral de Violencias y Actos de Discriminación a Población LGBTIQ+”, una estrategia que permitiría coordinar esfuerzos institucionales, articular rutas de atención y fortalecer la prevención desde múltiples frentes.
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