La Contraloría General de la República reveló que luego de hacer unas auditorias en el Departamento de Prosperidad Social (DPS) no aparecen documentos contables sobre convenios interadministrativos entre 2020y 2024, por lo que instaurarán la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General de la Nación por estos hechos que han impedido revisar la inversión de recursos públicos por más de 2,4 billones de pesos.
El ente de control solicitó al DPS la documentación relacionada con 889 que involucraban proyectos para desarrollar infraestructura social y obras de prosperidad a nivel nacional, pero únicamente recibió información completa de 25, es decir, solo un 2,31 % del total, informaron en la emisora La W Radio.
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El ente de control no pudo auditar el 83 % de los convenios interadministrativos ni los contratos derivados de ellos. Ante esta situación, la Contraloría emitió un concepto de “limitación en el alcance y abstención de conclusión”, lo que significa que no fue posible emitir un juicio definitivo sobre la gestión fiscal del DPS en el periodo evaluado, señalaron en el periódico El Tiempo.
A pesar de las restricciones, la auditoría identificó 11 hallazgos con presunta incidencia fiscal, que suman un total de 12.682 millones de pesos colombianos, los cuales están relacionados con irregularidades en el seguimiento y control de los proyectos, incluyendo pagos por mayores cantidades de obra, problemas en la calidad de las construcciones, obras inconclusas, deficiencias en la asignación de interventorías y retrasos significativos en la ejecución de los proyectos, explicaron en el portal de noticias de economía Valor Analitik.
Sin embargo, en la Contraloría aclararon que con esta situación no se ”concluye que los proyectos no se hayan terminado, o los recursos no auditados no se hayan invertido adecuadamente" y seguirían a la espera de poder disponer de la trazabilidad de los mismos.
“Hasta la fecha este informe se liberó bajo el concepto de limitación en el alcance – abstención de conclusión”, citaron en ese medio de comunicación de las conclusiones de la Contraloría.
Agregaron que algunos de esos proyectos fueron incluidos en estrategia Compromiso Colombia para garantizar su ejecución, luego de que desde ese organismo de control emitiera una advertencia por esa situación en febrero del año pasado.
En el DPS se argumentaron que los documentos solicitados no estaban en sus archivos, dificultando su entrega para la revisión que llevó a cabo la Contraloría, detallaron en El Tiempo.
“En la muestra se seleccionaron convenios celebrados desde el año 2011 en adelante, que estaban vigentes o se liquidaron entre las vigencias 2020 y el primer semestre del 2024, sin embargo, Prosperidad Social solo aportó los documentos que actualmente reposan en la entidad, y no fue posible obtener información requerida para su análisis, ya que, según manifestó el DPS, dicha documentación no se encontraba en sus archivos y expedientes contractuales; y únicamente pudieron entregar lo que efectivamente obraba en sus archivos”, refirieron del documento de esa entidad.
Gustavo Bolívar se deslindó
A través de su cuenta oficial de la red social X, el actual director del DPS, Gustavo Bolívar, aclaró que la documentación extraviada corresponde a convenios interadministrativos que se realizaron en gobiernos anteriores.
“Todos los convenios vienen de 2011, incluidos los del caso marionetas. De los 892 convenios investigados y de los cuales se desapareció la información y por eso radicamos denuncia penal en la Fiscalía:459 fueron suscritos entre 211 y 2017 y 433 entre 2018 y 2022. El 41% de estos contratos se suscribieron en 2021. Último año de Duque [sic]”, trinó.
Recordó que por estos hechos fueron procesados penalmente congresistas que estuvieron detrás de presuntos entramados de corrupción en esa entidad.
“Por ellos hay dos senadores presos y el subdirector Pier García huyendo. Se estaban robando a la entidad y fui yo quien pidió esta investigación a la Contraloría cuando llevaba 1 mes de posesionado [sic]”, afirmó.
Finalmente aclaró que las actuaciones de la entidad entre 2022 y 2024 no fueron objeto de esa auditoria, ya que “ sobre ellos está el 100% de la información”.
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