Ministro de Salud insistió en defender a su esposa ante acusaciones de presunto abuso de poder: publicó documento clave

En una nueva comunicación en sus redes, emitida en la noche del domingo 6 de abril, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, insistió en su preocupación ante las acusaciones que recayeron sobre su esposa: la superintendente delegada para prestadores de servicios, Beatriz Gómez Consuegra, acusada de un presunto abuso de poder relacionado con un contrato de $55.000 millones para el Amazonas.

Gómez Consuegra, pareja sentimental del titular de la cartera, está siendo relacionada con el contrato que tiene como objetivo la adquisición de un buque hospital que prestará servicios en la región amazónica del país; en medio de lo que serían las aparentes irregularidades para su puesta en marcha, pues no tendría documento que avale el presupuesto necesario para desarrollar esta iniciativa.

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En su columna dominical en la revista Cambio, y en sus redes sociales, el periodista Daniel Coronell fue uno de los primeros en señalar lo que consideró un uso inapropiado de su doble rol, al acusar a la superintendente de, al parecer, dar órdenes ilegales e ilegítimas a funcionarios subalternos; pues los habría amenazado con despedirlos sino firmaban los documentos necesarios para darle vía libre al proyecto.

Y afirmó que Beatriz Gómez Consuegra se aprovechó de su cargo y de su relación con el ministro Jaramillo, al cuestionar la legalidad de las decisiones tomadas respecto a dicho contrato. “Señor ministro. Su esposa aprovecha su doble condición de alta funcionaria y cónyuge suya para dar órdenes (por lo demás arbitrarias e ilegales)”, afirmó Coronell en un mensaje en el que respondió al ministro.

La nueva y dura respuesta de Guillermo Alfonso Jaramillo frente al escándalo

Y en una nueva reacción frente a estas acusaciones, el jefe de la dependencia estatal defendió a su esposa y aclaró que su actuación había sido completamente legítima y enmarcada dentro de las funciones que la ley le otorga. Según Jaramillo, la decisión de gestionar el contrato fue un paso necesario para avanzar en un proyecto vital para las comunidades más vulnerables en la región amazónica.

“La doctora Beatriz Gómez Consuegra no ha impartido órdenes ilegales ni arbitrarias. Su actuación como delegada de Supersalud fue legítima”, declaró Jaramillo, exalcalde de Ibagué, exgobernador del Tolima, y hoy uno de los ministros que goza del pleno respaldo del jefe de Estado, Gustavo Petro, con el que ha trabajado desde que el hoy mandatario ejerció como alcalde de Bogotá.

En la defensa suya y la de su cónyuge, el funcionario resaltó que el Ministerio de Salud, desde 2023, ha trabajado de manera articulada con el Gobierno Departamental del Amazonas y la Armada Nacional para materializar este proyecto. Además, destacó que el hoy gobernador, Óscar Enrique Sánchez Guerrero, en su calidad en ese entonces de mandatario electo, había expresado su respaldo al proyecto.

En efecto, mediante una carta oficial fechada el 28 de diciembre de 2023, Sánchez ratificó su compromiso con la iniciativa y su disposición para colaborar en la construcción y puesta en marcha del buque hospital, que beneficiará a las poblaciones cercanas a los ríos Putumayo y Amazonas; lo que sería un espaldarazo a esta proposición que ha generado una tormenta mediática.

El documento expresó su conformidad con el convenio entre el Ministerio de Salud y la Armada Nacional, y el agradecimiento hacia la gestión del Gobierno Nacional en favor de las regiones apartadas. “Una vez asuma mis funciones, ratificaré el mismo y me pondré a disposición de las partes para contribuir a que la construcción y puesta en marcha del Buque-Hospital sea una realidad”, dijo el mandatario.

Cabe destacar que este proyecto, según sus defensores busca llevar atención médica a las comunidades más aisladas del Amazonas, contribuyendo a mejorar las condiciones de salud de las poblaciones vulnerables en esa región. Sin embargo, las acusaciones sobre la intervención de Beatriz Gómez Consuegra siguen generando debate sobre la legalidad de la adjudicación del contrato.