Golpe contra las disidencias en el Cauca: desactivaron más de 30 explosivos en El Plateado

En una operación conjunta de las fuerzas de seguridad, más de 30 artefactos explosivos improvisados (AEI) fueron localizados y desactivados de manera controlada en el corregimiento de El Plateado, ubicado en Argelia, al sur del Cauca.

Según informó la Policía Nacional a W Radio, estos dispositivos representaban un grave riesgo para la población y las fuerzas de seguridad que operan en la región.

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De acuerdo con las autoridades, los artefactos contaban con mecanismos de doble activación, diseñados para detonar tanto por presión como por medios eléctricos. Este tipo de tecnología, según explicaron, evidencia una intención clara de causar daños letales, especialmente dirigidos contra miembros de la fuerza pública.

Cada dispositivo contenía aproximadamente 600 gramos de explosivo de alto poder, además de sistemas de fragmentación integrados, lo que aumentaba su capacidad destructiva.

La operación fue llevada a cabo por unidades de la Policía Nacional y el Ejército Nacional, en coordinación con el grupo Antiexplosivos de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín) y el equipo de Guías Caninos. Estas acciones se llevan a cabo dentro de la Operación Cauca, una estrategia de seguridad y control territorial que busca contrarrestar las amenazas en esta región del suroccidente colombiano.

Desde el mencionado medio detallaron que la intervención no solo permitió neutralizar los artefactos, también reafirmó el compromiso de las fuerzas de seguridad con la protección de la vida, la seguridad y la convivencia ciudadana en el Cauca. Este departamento ha sido históricamente una zona de alta conflictividad debido a la presencia de grupos armados ilegales y actividades ilícitas.

Es importante detallar que, según datos proporcionados por las autoridades, desde la década de 1990, más de 12.000 colombianos han sido víctimas de artefactos explosivos en el país. Este tipo de dispositivos, utilizados frecuentemente por grupos armados ilegales, representan una amenaza constante para la población civil y las fuerzas de seguridad.

En este contexto, la Policía Nacional destacó la importancia de las operaciones conjuntas y el uso de tecnología especializada, como los equipos de detección canina, para mitigar los riesgos asociados a estos artefactos. La colaboración entre diferentes entidades de seguridad ha sido clave para enfrentar este problema, que continúa siendo una de las principales preocupaciones en regiones como el Cauca.

Y es que desde el inicio del actual gobierno se han documentado “274 desgarradores casos víctimas antipersonales, 112 de los cuales corresponden a valientes miembros de nuestra Fuerza Pública. Cinco de ellos, lamentablemente, entregaron su vida en cumplimiento de su deber”, explicaron desde el Ministerio de Defensa.

De igual manera, según indicaron desde la cartera, actualmente cerca de 900 municipios en Colombia ya se consideran libres de minas antipersonal. Este resultado habría sido posible gracias al trabajo conjunto entre las Fuerzas Militares, organismos humanitarios y comunidades afectadas. Las autoridades continúan enfocadas en liberar más zonas del territorio nacional y brindar condiciones de seguridad para el desarrollo regional.

Ataques con explosivos, una constante de los grupos armados en Colombia

En Colombia, el uso de explosivos por parte de grupos armados ilegales representa una de las problemáticas más graves en materia de seguridad y derechos humanos. Estos artefactos, como minas antipersona, artefactos explosivos improvisados (AEI) y carros bomba, afectan principalmente a la población civil, generando desplazamientos forzados, mutilaciones, pérdidas de vidas y temor generalizado en las comunidades rurales.

Además, los explosivos son utilizados como una estrategia de control territorial y de presión contra las fuerzas del Estado, dificultando el acceso a zonas estratégicas, afectando infraestructuras clave y limitando la presencia institucional. Esta situación perpetúa el conflicto armado, obstaculiza procesos de paz y desarrollo, y deja secuelas físicas, psicológicas y sociales profundas en las víctimas y sus comunidades.