La Corte Constitucional negó el impedimento que invocó el procurador General de la Nación, Gregorio Eljach, para dar un concepto sobre la demanda por inconstitucionalidad contra la ley que se aprobó en el Congreso de la República el año pasado para reformar el sistema pensional en Colombia.
A través del auto 455 de 2025, con ponencia del magistrado Jorge Enrique Ibáñez, la máxima instancia lo declaró “infundado” ya que si bien en el momento en que se discutió la iniciativa del Gobierno Nacional, Eljach era el secretario General del Senado, sus funciones en aquel momento no entraron en conflicto con la decisión que se debe tomar sobre posibles vicios de trámite del proyecto en el Legislativo.
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“Aunque el Procurador efectivamente intervino en el proceso de formación de la Ley 2381, las actuaciones que desarrolló -que constan en las Gacetas 203 de 2023 y 497 de 2024-, no tienen incidencia de cara a los cargos de inconstitucionalidad admitidos en el presente proceso, pues no se acreditó alguna relación entre las funciones ejercidas como Secretario del Senado de la República respecto a un presunto vicio de procedimiento acaecido en la Plenaria de la Cámara de Representantes”, explicaron en el documento de la Corte.
El procurador pretendía apararse del proceso de revisión de la reforma pensional bajo el argumento de un posible conflicto de interés debido a su rol en el trámite legislativo de la normativa. Según reportaron en larevista Semana, el pasado lunes 31 de marzo, presentó su impedimento formal ante la Corte Constitucional, señalando que su participación como secretario general del Senado durante la aprobación de la Ley 2381 de 2024 podría comprometer su imparcialidad.
De acuerdo con la Constitución Política de Colombia, en su artículo 278, el procurador General debe emitir un concepto en todos los procesos de constitucionalidad. Sin embargo, el marco normativo permite excepciones si el funcionario tuvo algún grado de participación en la creación de la ley.
Eljach señaló que su intervención directa en el trámite legislativo de la reforma pensional podría percibirse como un conflicto de interés, lo que lo llevó a que se declarara impedido.
Eljach describió en un documento de 15 puntos enviado al alto tribunal las actividades que desempeñó durante el proceso legislativo. Según informó Caracol Radio, entre esas labores estuvieron la gestión de firmas y actas, la lectura de proyectos y proposiciones y la comunicación de los resultados de las votaciones en el Senado. Estas acciones, afirmó el procurador, lo colocan en una posición que podría ser entendida como incompatible con la evaluación objetiva de la normativa.
Eljach insistió en que su rol como secretario general del Senado implicó una intervención activa en la promulgación de la Ley 2381 de 2024, reforzando la necesidad de apartarse del caso para garantizar transparencia y objetividad en el procedimiento judicial.
La reforma pensional, promovida por el gobierno de Gustavo Petro, tiene como objetivo realizar cambios sustanciales en el sistema de jubilación en Colombia. Aunque Eljach no abordó los detalles específicos de la norma, su importancia radica en el impacto que podría tener sobre millones de colombianos y en la estructura del sistema de pensiones del país.
La decisión del procurador general de declararse impedido evidencia la importancia de garantizar la imparcialidad en los procesos judiciales relacionados con leyes de alta repercusión. Según Semana, Eljach subrayó que su actuación busca evitar cualquier posible percepción de conflicto de interés que comprometa la legitimidad del procedimiento.
Este caso destaca las disposiciones legales que regulan la actuación de los funcionarios públicos en Colombia, especialmente en lo relacionado con su intervención en procesos legislativos y judiciales. La Constitución establece causales claras de impedimento, asegurando que los fallos sean emitidos de manera objetiva y transparente.
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