El representante a la Cámara Alejandro Ocampo, integrante del Pacto Histórico, se refirió a las manifestaciones que se llevaron a cabo en las inmediaciones de la residencia de la senadora conservadora Nadia Blel, en Cartagena.
La congresista denunció públicamente que dichas protestas representan un acto de presión e intimidación en su contra y en contra de su núcleo familiar.
A través de sus redes sociales, Blel aseguró que: “Algunos congresistas de la coalición de Gobierno recurrieron a sus seguidores y montaron una manifestación ilegal, sin permisos, frente a mi residencia. Allí se encontraba mi hijo menor de edad junto a sus amigos.
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Este acto no solo viola las leyes de nuestro país, sino que también traspasa los límites del derecho legítimo a la protesta, el cual tiene normas y restricciones claras”.
La senadora calificó los hechos como un intento directo de hostigamiento. “Lo que ocurrió es acoso, y como tal, debe ser llamado por su nombre”, escribió también en su publicación, generando una serie de reacciones entre sus colegas y en la opinión pública.
El congresista Ocampo, entrevistado en el programa W Sin Carreta, respondió a estas afirmaciones señalando que le parecen exageradas y carentes de sustento. “Ella representa a un clan político cuestionado por sus vínculos con paramilitarismo. De hecho, a su padre lo condenaron por eso. ¿Intimidar? Intimidar es lo que hicieron los paramilitares que le tiraban motosierra a la gente y desplazaron gente en la Costa”, expresó el representante, haciendo referencia al pasado judicial de miembros de la familia Blel.
De acuerdo con lo explicado por Ocampo, la protesta no se desarrolló justo frente a la vivienda de la congresista, y según él, se respetó cierta distancia física respecto al domicilio. En sus palabras, no se trató de un acto agresivo ni ofensivo: “No me gusta que ella diga que armamos una protesta contra ella. Ella es heredera de una estructura política muy cuestionada. Seguramente se sintió asustada, pero por qué no pensó eso su padre”.
A pesar de las declaraciones del representante, el episodio generó cuestionamientos por parte de distintas figuras públicas y entidades. Desde la Procuraduría General se solicitó respeto por los derechos fundamentales y se recordó que la protesta social, aunque válida en el marco de la democracia, debe desarrollarse sin vulnerar la intimidad de los ciudadanos ni sus entornos familiares.
El episodio reaviva el debate sobre los límites de la protesta y el uso del espacio público cuando se trata de figuras políticas. Si bien no es la primera vez que se organizan manifestaciones cerca de residencias de funcionarios o legisladores, este caso ha escalado por la denuncia directa de acoso y la respuesta de confrontación por parte de un representante oficialista.
Hasta el momento, no se han anunciado investigaciones formales ni por parte de la Policía ni de otras entidades de control respecto a los hechos ocurridos en Cartagena.
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