La ciudad portuaria de Buenaventura enfrenta una alarmante crisis de seguridad tras la ruptura de la tregua entre las bandas criminales Los Shottas y Los Espartanos, lo que ha llevado a un incremento del 128% en los homicidios durante 2025.
Según la Fundación Ideas para la Paz (FIP), se han registrado 48 asesinatos desde que el pacto de no agresión terminó el pasado 5 de febrero.
La tregua, iniciada en agosto de 2023, fue resultado de esfuerzos conjuntos de la sociedad civil, la Iglesia y líderes comunitarios, y posteriormente respaldada por el Gobierno en el marco de la política de paz total. Durante su vigencia, la violencia letal disminuyó notablemente en la ciudad, aunque persistieron delitos como la extorsión.
Sin embargo, la falta de un marco jurídico claro y la ausencia de suspensión de órdenes de captura para los cabecillas de las bandas desalentaron la continuidad del acuerdo.
La ruptura de la tregua ha tenido consecuencias devastadoras para la población. La FIP alerta sobre confinamientos, desplazamientos intraurbanos, miedo generalizado y ausentismo escolar. La violencia ha alterado profundamente la vida cotidiana en Buenaventura, revirtiendo los avances logrados en la construcción de paz urbana en el puerto del Pacífico.
El Gobierno ha respondido a esta situación, enfatizando que “no son las treguas las que garantizan la tranquilidad en Buenaventura, es la presencia del Estado”. Fabio Cardozo, jefe de la delegación gubernamental en el espacio de diálogo con las bandas, valora que Los Shottas hayan propuesto un cese unilateral de hostilidades y que Los Espartanos mantengan su disposición al diálogo.
Sin embargo, la falta de un marco legal adecuado y la persistente violencia complican el avance hacia una paz duradera.
La comunidad local expresa su preocupación ante el resurgimiento de la violencia. La ruptura de la tregua ha generado temor entre los habitantes, quienes temen el retorno de las “fronteras invisibles” y la intensificación de enfrentamientos armados en sus barrios. Algunas personas han optado por abandonar la ciudad en busca de seguridad.
La situación en Buenaventura refleja una crisis más amplia en la política de paz total del Gobierno colombiano. A pesar de los esfuerzos por establecer diálogos con diversos grupos armados, la fragmentación y la falta de coordinación han resultado en un incremento de la violencia en varias regiones del país.
La falta de una hoja de ruta clara y la ausencia de resultados concretos ponen en entredicho la efectividad de las estrategias implementadas hasta el momento.
La comunidad y las autoridades locales hacen un llamado urgente al Gobierno nacional para que implemente medidas efectivas que frenen la violencia y protejan a la población civil. La necesidad de una inversión sostenida en desarrollo socioeconómico y seguridad integral es crucial para garantizar una paz duradera en Buenaventura y en otras regiones afectadas por el conflicto armado en Colombia.
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