Datos del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) Colombia presentan un panorama problemático para el país sobre la realidad que afrontan los niños, niñas y adolescentes de varios departamentos del país. En los últimos cinco años, más de 1.000 menores de edad fueron reclutados de manera forzada por grupos armados en todo el territorio colombiano.
Los datos indican que los departamentos de Cauca, Arauca, Nariño, Chocó y Norte de Santander son los más afectados por esta práctica ilegal, y que Putumayo, Caquetá, Meta, Guaviare y Huila han evidenciado un aumento, por lo que los niños están en mayor riesgo de reclutamiento en esas zonas del país.
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“El reclutamiento interrumpe infancias, vulnera los derechos de la niñez y pone en riesgo su vida. Esto no puede seguir ocurriendo: los niños y niñas deben de estar en las escuelas, con sus familias y comunidades, no en la guerra”, explicó Tanya Chapuisat, representante de Unicef en Colombia, citada por la organización en un comunicado.
La inclusión forzada de menores de edad en filas armadas y delincuenciales también tiene en alerta a Barranquilla, capital del Atlántico, debido al aumento de homicidios y de casos de extorsión. Pues, al parecer, niños, niñas y adolescentes están siendo reclutados por organizaciones criminales como Los Pepes, Los Costeños y el Clan del Golfo, para que cometan delitos.
Los pagos por asesinar y extorsionar en Barranquilla
Los menores están siendo instrumentalizados para cometer asesinatos selectivos y extorsionar a la ciudadanía. Por incurrir en estos delitos, estarían recibiendo sueldos de $500.000. Esto, según explicó el expersonero de Barranquilla Arturo García Medrano a RCN Radio, ha tenido como resultado la expansión y fortalecimiento de los grupos al margen de la ley.
“Las ventas ilegales para ellos son fundamentales, porque hoy tenemos niños de escasos 10 años llevando los panfletos de amenazas extorsivas a los vecinos de la vuelta de su casa, el delito de la extorsión no se ha terminado”, detalló el exfuncionario, experto en criminalidad, en su denuncia.
Por otro lado, los adolescentes con más edad estarían siendo utilizados para cobrar las rentas ilegales de las estructuras criminales, puesto que son una de sus principales fuentes de financiación, asó como el “narcomenudeo”, que sirve para su sostenimiento.
La problemática se ha hecho evidente en al menos 24 barrios de la ciudad y en otros 26 del municipio de Soledad (Atlántico). Y, de acuerdo con el medio citado, en Barranquilla se registraron 42 muertes violentas en marzo de 2025 y en Soledad, 22.
Según explicó en su momento la investigadora de la Universidad del Atlántico, Muriel Jiménez, citada por Blu Radio, los fines del reclutamiento forzado han ido cambiando en Colombia. En 2021, por ejemplo, los menores de edad que integraban las organizaciones criminales y que caían en manos de las autoridades eran aprehendidos por delitos menores como el hurto. Sin embargo, ahora cometen crímenes más graves, como la fabricación y porte de arma de fuego, el asesinato y la extorsión.
“Vemos cómo están cambiando los delitos. Instrumentalizan a los menores porque ellos enfrentan penas más bajas. Aprovechan que en el sistema los niños entran y salen más rápido. Además, son más rentables, pues desde la lógica de para estas bandas ellos cuestan menos”, detalló la experta.
El programa que ha prevenido el reclutamiento de más de 100.000 niños
Para hacer frente a la situación y disminuir el número de niños, niñas y adolescentes reclutados, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) puso en marcha el programa Atrapasueños, con el que ha logrado atender a 122.866 menores de edad en riesgo de reclutamiento en 472 municipios del país, según cifras reveladas el 2 de abril de 2022.
“Solo este año hemos rescatado 125 niños que tienen un riesgo de ser reclutados muy grande, nos llaman de la zona, como primera medida reacciona la alcaldía y la Defensoría, ellos logran ese vínculo y nosotros sacamos a la víctima junto con su familia”, detalló la directora del Icbf, Astrid Cáceres, en un debate de control político realizado en la Comisión de Paz del Congreso de la República.
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