La Procuraduría General de la Nación tomó medidas disciplinarias contra el exgobernador del departamento de Amazonas Jesús Galindo Cedeño (2020-2023) y otros cuatro exfuncionarios de su administración, debido a presuntas irregularidades en la aprobación de una conciliación por un monto de 354 millones de pesos con la Unión Temporal Aseguramiento Amazonas.
De acuerdo con la investigación adelantada por el ente de control, esta conciliación fue autorizada sin exigir las debidas garantías, a pesar de que el proyecto al que estaba destinado el pago presentaba un nivel de ejecución del 52% y evidenciaba diversas fallas técnicas. Esta falta de rigurosidad en la verificación de los requisitos financieros y contractuales ha llevado a la Procuraduría a formular un pliego de cargos contra los implicados.
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Además del exgobernador Galindo Cedeño, la investigación disciplinaria involucra a Marledys María Navarro Mercado, quien se desempeñó como jefa de la Oficina Jurídica entre 2020 y 2021; John Jairo Acuña Marín, exsecretario de Planeación y Desarrollo Territorial entre 2020 y 2022; María del Pilar Chuña Rivera, quien ejerció como secretaria de Hacienda en el período 2020-2021; y María Lilia Cardona Augusto, exsecretaria de Desarrollo Institucional en los mismos años.
Todos ellos formaban parte del Comité de Conciliación Departamental y, según el Ministerio Público, participaron en la aprobación de la conciliación sin realizar una verificación exhaustiva de los documentos que sustentaban la solicitud de pago.
La Procuraduría argumentó que la omisión de estos controles impidió determinar con precisión el estado financiero del contrato, lo que pudo haber generado un impacto negativo en los recursos públicos del departamento. Además, enfatizó que, como miembros del Comité de Conciliación, los implicados tenían la responsabilidad de evaluar de manera rigurosa y técnica la viabilidad de la propuesta antes de darle su visto bueno.
El análisis del ente de control señala que la oferta de conciliación fue presentada con deficiencias en su formulación y sin la documentación necesaria que justificara su pertinencia, lo que generó un vacío en el proceso de toma de decisiones. En consecuencia, la Procuraduría determinó que la actuación de los exfuncionarios configuró una falta grave, cometida con culpa grave, al considerar que su proceder afectó principios fundamentales de la gestión pública, como la eficiencia, la economía y la responsabilidad en la administración de los recursos del departamento.
Este proceso disciplinario avanza como parte de la estrategia del organismo de control para garantizar la transparencia en la gestión pública y velar por el adecuado uso de los recursos del Estado, con el fin de evitar que decisiones administrativas sin el debido sustento afecten el patrimonio de las entidades territoriales.
El Ministerio Público agregó que la función que desempeñaban como miembros del Comité de Conciliación Departamental les “imponía como deber primario precaver de manera más técnica, eficiente y oportuna una respuesta a una oferta conciliatoria que de entrada estaba mal formulada y carecía de los soportes respectivos para ser considerada favorablemente”, y así proteger el erario.
Procuraduría también tiene la lupa sobre Ministerio de Minas
La Procuraduría General de la Nación solicitó al Ministerio de Minas y Energía que aclare los motivos y el alcance de la inspección solicitada recientemente contra Empresas Públicas de Medellín (EPM). Esta solicitud se produce en un contexto de tensiones entre la Administración distrital de Medellín y el Gobierno nacional, exacerbadas por problemas financieros y decisiones judiciales que han puesto en el centro del debate a la empresa pública.
De acuerdo con El Colombiano, el llamado de la Procuraduría se origina tras la falta de respuesta del ministerio a un derecho de petición presentado por el representante a la Cámara por Antioquia, Juan Espinal, el 12 de marzo de 2025. En dicho documento, Espinal solicitó explicaciones técnicas y jurídicas sobre la inspección, pero el plazo para responder, que venció 19 de marzo, no fue cumplido. Ante esta omisión, la Procuraduría emitió un auto otorgando un plazo de cinco días hábiles al Ministerio para responder.
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