En el desarrollo del primer juicio adversarial de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el caso contra el coronel (r) Publio Hernán Mejía alcanzó un punto crítico.
Durante la audiencia, la fiscalía de la JEP presentó documentos que cuestionan la credibilidad del testimonio de Moisés Segundo Andrades Racines, un exparamilitar conocido como alias 400, que fue llamado por la defensa del acusado para refutar las declaraciones de otro testigo clave.
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La magistratura aceptó una solicitud de contrarrefutación presentada por la Fiscalía, lo que intensificó las tensiones en el proceso.
El caso contra Mejía, que comandó el Batallón La Popa en el departamento del Cesar, lo señala como presunto responsable de 72 muertes de civiles que habrían sido presentados como bajas en combate, en lo que se conoce como falsos positivos. Este juicio es el primero en la JEP que sigue la ruta adversarial, diseñada para quienes no aceptan responsabilidad en los crímenes imputados.
Alias 400, que perteneció al frente Mártires del Cesar del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), solicitó participar en el juicio tras seguir el proceso y considerar que algunas declaraciones eran “adversas a la verdad”.
Durante su intervención, afirmó haber sido testigo de vínculos entre miembros del Ejército y paramilitares del Batallón La Popa, aunque negó haber visto al coronel Mejía en las reuniones donde se discutían estas alianzas.
El exparamilitar relató que, durante su tiempo en las AUC, asistía frecuentemente a encuentros con alias 39, otro líder paramilitar, donde se mencionaba a “amigos” dentro del Batallón La Popa.
“Cuando me reunía con ‘39′ (otro paramilitar), que lo hacía muchas veces, al menos tres veces por semana, escuchaba que se hablaba de los amigos que tenían dentro del batallón”, aseguró Moisés Segundo Andrades.
Sin embargo, también aseguró que las tropas bajo el mando de Mejía llevaron a cabo operaciones militares contra los paramilitares, lo que obligó a su grupo a desplazarse constantemente. Como ejemplo, mencionó un enfrentamiento en el que 18 presuntos miembros de las AUC, que portaban brazaletes del Ejército de Liberación Nacional (ELN), murieron a manos del Batallón La Popa.
“Nos tocó movernos mucho porque las tropas del grupo Rondón nos perseguían. Aunque se contaba con algunos amigos del Batallón La Popa, siempre teníamos ese acoso”, afirmó el testigo.
Tras el interrogatorio de la defensa, la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP, liderada por el fiscal Samuel Serrano, presentó documentos para impugnar la credibilidad de alias 400.
La magistratura, encabezada por la jueza Reinere Jaramillo, aceptó de manera unánime la solicitud de contrarrefutación. Este recurso, basado en un proceso de fraude procesal en contra de Andrades Racines, busca deslegitimar su testimonio sin invalidarlo por completo, permitiendo que se analice desde una perspectiva opuesta.
Durante la contrarrefutación, el abogado de las víctimas y el procurador delegado ante la JEP, Jairo Ignacio Acosta, realizaron preguntas adicionales al exparamilitar. Entre los temas abordados, se incluyó su rol en las actividades políticas y sociales del frente Mártires del Cesar, así como una descripción física de José de Jesús Rueda Quintero, el testigo cuya versión intentaba refutar.
La audiencia también contó con las declaraciones de otros testigos, como la coronel retirada Heidy Zuleta Gómez, que fue juez penal militar y formó parte del Batallón La Popa durante el mando de Mejía, y el capitán retirado Nelson Javier Llanos Quiñones. Sus testimonios buscan aportar más contexto sobre las operaciones del batallón y las posibles responsabilidades del acusado.
El caso de Mejía es emblemático dentro de la JEP, ya que representa el primer juicio en el que un compareciente opta por la ruta adversarial, enfrentándose a las acusaciones sin aceptar responsabilidad.
Este proceso pone a prueba la capacidad de la JEP para manejar casos complejos que involucran crímenes de lesa humanidad y la colaboración entre actores armados ilegales y miembros de las fuerzas militares.
La Jurisdicción Especial para la Paz, creada como parte del acuerdo de paz entre el Gobierno colombiano y las Farc, tiene como objetivo esclarecer la verdad, garantizar justicia y reparar a las víctimas del conflicto armado. En este contexto, el juicio contra el coronel retirado Publio Hernán Mejía se convirtió en un caso clave para evaluar la efectividad de este sistema judicial en abordar crímenes graves y establecer responsabilidades.
Con la fase de audiencias acercándose a su conclusión, el caso sigue generando controversia y expectación. Las decisiones que tome la magistratura en torno a la validez de los testimonios y las pruebas presentadas serán determinantes para el desenlace de este proceso, que podría sentar precedentes importantes en la búsqueda de justicia en Colombia.
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