Daniel Quintero, exalcalde de Medellín, deberá comparecer ante la justicia el próximo 8 de abril, a las 2:10 p. m., luego de que el juzgado encargado del caso reprogramara la audiencia de imputación de cargos en su contra por el caso de Aguas Vivas.
Según informó la Fiscalía, Quintero es señalado de haber cometido delitos relacionados con el presunto manejo irregular de recursos públicos en contratos vinculados al proyecto Aguas Vivas, un ecoparque que habría sido objeto de modificaciones normativas y transacciones cuestionadas.
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De acuerdo con la Fiscalía, los cargos que enfrenta el exmandatario incluyen peculado por apropiación en favor de terceros, interés indebido en la celebración de contratos y prevaricato por acción.
En declaraciones realizadas a través de sus redes sociales, Quintero afirmó que el caso Aguas Vivas es una desviación de una investigación que su propia administración inició en 2022.
Indicó que esta pesquisa reveló que ciertos lotes estaban siendo sobrevalorados para que la Alcaldía los adquiriera, beneficiando económicamente a sus propietarios. Asimismo, señaló que fue Federico Gutiérrez, que ocupó la Alcaldía de Medellín entre 2016 y 2020, el responsable de valorar el proyecto en $44.000 millones y de firmar un contrato relacionado con el lote en cuestión el último día de su mandato.
Quintero aseguró que su administración intentó corregir las irregularidades detectadas y que incluso presentó denuncias ante la Fiscalía en 2022. “Desde el 2022 ya habíamos hecho la denuncia por este caso a la Fiscalía, incluso después de tratar de arreglarlo”, afirmó.
Según el exmandatario, el contrato firmado por Gutiérrez incluía una cláusula que condicionaba la cesión del lote a la realización de ciertas obras por parte de los propietarios, las cuales no se habrían llevado a cabo.
El origen del conflicto: un ecoparque con restricciones ambientales
El caso tiene su origen en un acuerdo expedido en 2014 por el Consejo de Medellín, que otorgaba al ecoparque Aguas Vivas una protección ambiental que prohibía cualquier tipo de construcción en el terreno.
Sin embargo, la Fiscalía sostiene que durante la administración de Quintero se habrían realizado acciones para modificar esta normativa, lo que permitió que el parque terminara en manos privadas.
Quintero, por su parte, calificó estas acusaciones como “absurdas” y aseguró que cuenta con documentos que desmienten las afirmaciones de la Fiscalía. “Esta es la acusación más absurda, dijeron que no podíamos terminar el contrato y que teníamos que pagar un lote sobrevalorado”, declaró.
Además, mencionó que el Consejo de Estado habría determinado que el contrato en cuestión tiene una nulidad absoluta, lo que, según él, justifica las acciones de su administración.
El exalcalde también sugirió que las acusaciones en su contra tienen un trasfondo político y buscan afectar sus aspiraciones presidenciales.
“Fico fue el que firmó el decreto, lo hizo en el último día de su Gobierno, el que lo valoró. Quieren investigarnos a nosotros por acabar el contrato y por no pagarlo, pero la verdad es que no es por eso, es porque denunciamos el cartel de los lotes, denunciamos hidroituango y es porque tienen miedo que lleguemos a la presidencia”, aseveró durante su transmisión en vivo.
Quintero reiteró que su administración actuó en cumplimiento de la ley y que las pruebas, como las escrituras del lote que ha expuesto en sus transmisiones en redes sociales, demostrarán su inocencia. “Nosotros no le tenemos miedo a este caso, por el contrario, será la oportunidad para meter a Fico a la cárcel”, complementó.
El 8 de abril de 2025 será la tercera vez que se intenta llevar a cabo la diligencia, luego de que fuera aplazada en dos ocasiones anteriores. Según Quintero, este proceso será una oportunidad para exponer las pruebas que, asegura, demostrarán su inocencia y señalarán a los verdaderos responsables de las irregularidades en el proyecto Aguas Vivas.