La Corte Constitucional se encuentra en un proceso clave para decidir sobre la reforma pensional presentada por el Gobierno de Gustavo Petro, que se convertirá en Ley de la República a partir de julio de 2025. Sin embargo, una reciente recusación presentada por el representante a la Cámara, Andrés Forero, ha puesto en entredicho la imparcialidad del magistrado Vladimir Fernández en la discusión de este proyecto.
A pesar de los intentos por apartarlo del proceso, el alto tribunal decidió rechazar dicha recusación, permitiendo que Fernández continúe participando en el análisis de la reforma.
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La recusación de Forero, que es miembro del partido Centro Democrático, se basaba en la cercanía que el magistrado Fernández tuvo con el presidente Gustavo Petro, ya que fue su secretario jurídico y fue ternado para la Corte Constitucional desde la Casa de Nariño. El representante argumentaba que esta relación podría comprometer la imparcialidad de Fernández en la discusión sobre una reforma que tiene implicaciones políticas y sociales de gran alcance.
Sin embargo, la Corte Constitucional negó la recusación presentada por Forero, citando que no cumplía con el requisito de “legitimación por activa”, lo que significa que el representante no había formulado la demanda en el expediente correspondiente ni había intervenido en el proceso en el plazo establecido.
“Esta no cumple con el requisito de legitimación por activa. Esto, porque el señor Andrés Eduardo Forero Molina no formuló la demanda dentro del expediente D-15.989, ni intervino dentro del término de fijación en lista del referido proceso”, argumentó la Corte en su decisión.
Además, la Corte recordó que, según la Ley 2067 de 1991, únicamente el procurador general o el demandante de la ley que está en discusión tienen la autoridad para presentar recusaciones. En este caso, la senadora Paloma Valencia, que también pertenece al Centro Democrático y es la demandante de la reforma pensional, no había solicitado la recusación de Fernández en su momento, lo que hizo que el tribunal rechazara la solicitud de Forero.
“Rechazar, por falta de pertinencia, la recusación presentada por el ciudadano Andrés Eduardo Forero Molina dentro del proceso D-15.989, en contra del magistrado Vladimir Fernández Andrade, dado que no se cumple el requisito de legitimación en la causa”, puntualizó el alto tribunal.
Con estos rechazos, la Sala Plena de la Corte Constitucional debatirá la demanda de la senadora Valencia con ocho magistrados, dado que la magistrada Diana Fajardo se declaró impedida para participar en la discusión debido a que había utilizado uno de los artículos de la reforma pensional en cuestión.
La decisión de la Corte sobre este tema es crucial, ya que será determinante para el futuro de la reforma. El alto tribunal debe decidir si la avala, la declara inexequible en su totalidad o aprueba algunos de sus aspectos de forma parcial. Con la participación del magistrado Fernández aún garantizada, el proceso continúa su curso mientras la atención de la sociedad y la clase política sigue centrada en este importante debate.
Presuntos vínculos del magistrado Fernández con el escándalo de la Dian
A pesar de la decisión tomada por la Corte, el magistrado Vladimir Fernández sigue en el ojo del huracán debido a su vinculación con un escándalo relacionado con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian). A mediados de marzo de 2025, su nombre fue mencionado en el contexto de presuntas recomendaciones para la asignación de cargos en la Dian, una entidad clave en la lucha contra el contrabando en Colombia.
El exdirector de la Dian y exministro de Comercio Luis Carlos Reyes denunció estas prácticas de recomendación desde 2022, las cuales fueron reveladas por el medio Semana. Fernández ha sido vinculado a investigaciones de la Corte Suprema de Justicia que abordan a un grupo de al menos 60 congresistas y funcionarios de alto nivel que habrían participado en estas prácticas.
Es importante señalar que Fernández, al ser magistrado de la Corte Constitucional, goza de fuero constitucional, lo que significa que cualquier investigación en su contra debe ser adelantada por la Comisión de Acusación del Congreso. Sin embargo, este escándalo ha generado inquietud en varios sectores sobre su posible influencia en decisiones clave dentro del ámbito judicial.
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