Helicol es una empresa colombiana que opera helicópteros y aviones, y ofrece servicios de mantenimiento, entrenamiento y alquiler. La misma tiene un conflicto desde hace un tiempo con Ecopetrol y ya escaló en el ámbito judicial, luego de que la estatal petrolera decidió terminar de manera anticipada el contrato suscrito con la compañía para el suministro de transporte aéreo en helicópteros.
Ahora, el 31 de marzo trascendió que Helicol, cuya cabeza visible es el empresario Carlos Londoño, solicitará una indemnización de $80.000 millones por lo que considera una decisión arbitraria que vulnera derechos fundamentales. Además, la empresa denunció a siete funcionarios de Ecopetrol por el delito de prevaricato por acción.
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Y es que para esta, de acuerdo con un comunicado difundido, la finalización del contrato “fue un acto abiertamente ilegal que vulneró el debido proceso y los principios de la función administrativa”. La compañía sostiene que cumplió con todas las exigencias estipuladas tanto en las condiciones del pliego como en el documento contractual.
No obstante, Ecopetrol, entidad que ahora preside Ricardo Roa Barragán, argumentó que el contratista incumplió con varios aspectos esenciales, que impidieron garantizar una prestación del servicio adecuada y segura, programada para iniciar el 1 de marzo de 2025.
Presuntos fallos
Frente a esto, Ecopetrol notificó la decisión el pasado 3 de marzo al justificarla en presuntos fallos asociados principalmente al equipo dispuesto y al personal encargado de la operación: “El contratista no acreditó de manera oportuna, cierta, total y objetiva, el cumplimiento de sus obligaciones contractuales pactadas que le permitirán iniciar de forma segura la prestación del servicio”.
Entre las irregularidades, mencionó que el helicóptero Bell 412 EP, con el número de serie 36330, “no estuvo disponible para ser auditado, por lo tanto no cumplió con el requisito de servicio frente a helicóptero back up”.
Además, surgieron dudas sobre la experiencia y documentación del personal aeronáutico. Ecopetrol señaló que “no se evidencia, dentro de la certificación de horas voladas para las tripulaciones, los equipos o aeronaves en las cuales se registraron esas horas”. A esto se sumó que el despachador presentado por Helicol tenía su licencia de la Aeronáutica Civil (Aerocivil) suspendida y no se entregaron certificaciones de 21 cursos aeronáuticos exigidos en las especificaciones técnicas.
Por su parte, la empresa de helicópteros sostiene que las demoras iniciales mencionadas por Ecopetrol no son atribuibles a su responsabilidad. La compañía resaltó que estas no afectarán el plazo establecido en la licitación para el alistamiento previo a la operación.
Vulneración de principios constitucionales
Asimismo, la empresa enfatizó que la actuación de Ecopetrol “vulnera principios constitucionales como el debido proceso, el derecho de defensa, la buena fe, la igualdad y la transparencia”. La discrepancia llevó a la empresa de transporte aéreo a interponer demandas contractuales y denuncias penales y disciplinarias, según explicó dicho medio.
El escenario plantea una disputa sobre si se trata de fallos técnicos y operativos o de una medida carente de fundamento jurídico que afectó el contrato. Desde el punto de vista de Ecopetrol, las presuntas faltas relacionadas con la auditoría del helicóptero y la validación de requisitos personales de los operadores justificaron la cancelación.
Mientras tanto, Helicol argumenta que la terminación fue ilegal y da por sentado que cumplió con los requerimientos técnicos establecidos.
En el panorama mediático, los argumentos de ambas partes marcan la tensión entre las interpretaciones contractuales y la gestión operativa. Hasta el momento no se mencionan posibles intentos de conciliación, lo que evidencia un proceso jurídico que podría extenderse en el tiempo y llamar la atención de otras compañías del sector aeronáutico y energético en el país.
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