El presidente de Gustavo Petro volvió a manifestar sus desacuerdos con la Justicia Especial para la Paz (JEP), señalando que el tribunal transicional no está recibiendo las versiones de los exparamilitares dentro de su marco de actuación.
Según el mandatario, esta decisión representa una limitación en la construcción de una verdad completa sobre el conflicto armado en el país.
Petro ha insistido en la necesidad de un tribunal de cierre que permita consolidar todas las versiones de los actores del conflicto, incluyendo no solo a exguerrilleros y miembros de la Fuerza Pública, sino también a paramilitares y otros terceros vinculados.
En su reciente pronunciamiento en la red social X, expresó su inconformidad con la JEP, al afirmar que esta no ha dado espacio a los testimonios de exparamilitares, a pesar de que el acuerdo de paz contempla la posibilidad de citar incluso a narcotraficantes.
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“Por que la JEP no recibe versiones de paramilitares, y se reduce a exguerrilleros y militares, cuando el acuerdo de paz, dice que podrían citar hasta a narcotraficantes? Creo que aquí hay una de las grandes barreras a la eficiencia judicial y a la verdad”, escribió Petro en la mencionada red social.
No obstante, la realidad del tribunal transicional es más compleja. Si bien es cierto que exparamilitares han testificado en diversos casos, como en el Macrocaso 08, donde se investigan crímenes cometidos por la Fuerza Pública en asociación con grupos paramilitares y terceros civiles, su participación se ha limitado al rol de testigos. Figuras como Salvatore Mancuso, Carlos Mario Jiménez (alias Macaco) y Rodrigo Tovar Pupo (alias Jorge 40) han comparecido ante la JEP, pero no han sido formalmente admitidos en su jurisdicción.
La razón de esta exclusión radica en la existencia de otro mecanismo de justicia transicional para los paramilitares: la Ley 975 de 2005, conocida como la Ley de Justicia y Paz.
Desde su creación, la JEP estableció que solo podrían participar en sus procesos los terceros civiles que hayan financiado el paramilitarismo, y no los miembros de los grupos armados en sí.
Por ello, aunque algunos exparamilitares han intentado postularse alegando ser financiadores del conflicto, su inclusión ha sido rechazada con el argumento de que ya se beneficiaron de otro esquema de justicia transicional.
Las declaraciones de Petro reavivan un debate sobre los alcances de la JEP y su papel en la consolidación de la verdad sobre el conflicto.
Mientras el Gobierno insiste en la necesidad de un mecanismo más amplio, el tribunal mantiene su postura de operar dentro de los límites definidos desde su creación. Este nuevo choque entre el Ejecutivo y la JEP refleja las tensiones persistentes en el proceso de paz y la búsqueda de una narrativa integral sobre los hechos violentos que marcaron la historia reciente de Colombia.
Estados Unidos reactivó parte del financiamiento para la JEP que estaba congelado por el gobierno Trump
Un proyecto fundamental para el fortalecimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en Colombia recibió un nuevo impulso tras la decisión del Departamento de Estado de Estados Unidos de reactivar una parte de los recursos que habían sido congelados durante la administración de Donald Trump.
La financiación, que asciende a diez mil millones de pesos (aproximadamente 2,4 millones de dólares), permitirá retomar actividades esenciales en el marco de la justicia transicional en el país sudamericano.
De acuerdo con el reporte, los fondos están destinados a un proyecto denominado Aumentando el impacto de la JEP con un enfoque holístico de la justicia transicional.
Esta iniciativa busca fortalecer la rendición de cuentas de los máximos responsables de crímenes internacionales cometidos durante el conflicto armado en Colombia.
l proyecto, que involucra a la Oficina de Investigaciones de Crímenes de Guerra de la American University Washington College of Law, el Laboratorio de Justicia y Política Criminal, y la Organización Internacional para el Estado de Derecho y el Desarrollo, había quedado en pausa tras la decisión de Trump de suspender proyectos de cooperación internacional en enero de 2021.
El congelamiento de los fondos, que afectó no solo a la JEP sino también a otros proyectos humanitarios en Colombia, fue parte de una política más amplia de la administración Trump.
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