
Durante el foro Elecciones 2026 ‘Un acuerdo nacional por la transparencia’, organizado por la revista Cambio, el procurador general Gregorio Eljach se pronunció sobre la consulta popular que el Gobierno pretende impulsar tras el hundimiento de la reforma laboral.
Según el jefe del Ministerio Público, es fundamental que el Ejecutivo respete la postura del Senado en este proceso.
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El procurador resaltó que la decisión que tome el Congreso sobre la viabilidad de la consulta tiene un peso significativo dentro del sistema democrático colombiano y no puede ser ignorada.
“Es un asunto esencial del sistema democrático colombiano. El contenido de ese pronunciamiento de la democracia colombiana, de la soberanía popular representada allí en la plenaria del Senado de la República tiene un peso muy grande que no se puede soslayar y deberá ser atendido”, afirmó.
Además, explicó que el Senado deberá evaluar el contenido de las preguntas propuestas para la consulta y determinar si realmente corresponden a esta figura o si, por su naturaleza, se asemejan más a un referendo. Para Eljach, la responsabilidad del Congreso en este proceso es ineludible y confía en que actuará conforme a su deber.
“A ese resultado tendremos que atenernos. Allí martes, miércoles y jueves se sientan 22 millones de votos que representan la mayor legitimidad posible en la democracia colombiana, todas las regiones, todas las etnias, todos los géneros, en cambio en el presidente de la república sólo hay una ideología y una persona”, expresó.
En su intervención, también hizo énfasis en la importancia de reconocer la legitimidad del Congreso dentro del sistema democrático, señalando que su representación supera ampliamente la cantidad de votos que respalda a un solo mandatario.
“No se puede desconocer ese saber de la política, ese querer del destino de los colombianos, que tiene 22 millones allí mientras que en otras elecciones uninominales el guarismo no nos da sino para menos de 11 millones de votos”, añadió.
Eljach evitó manifestar una opinión sobre si el Gobierno tiene la facultad de convocar la consulta sin la aprobación del Senado, argumentando que aún debe definir su rol en este asunto.
Explicó que podría enfrentar recusaciones en caso de pronunciarse antes de tiempo. “Yo no soy periodista y no puedo andar opinando”, sostuvo.
El tema ha generado debate en el ámbito político, ya que mientras el Gobierno insiste en que la consulta es un mecanismo legítimo para avanzar con sus reformas, sectores de la oposición advierten que esta estrategia podría representar un intento de evadir las instancias legislativas.
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