El Tribunal Superior de Bogotá dio luz verde a la Fiscalía General de la Nación para realizar un rastreo exhaustivo de los movimientos financieros, migratorios y de comunicaciones de Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre).
Esta medida se da en medio de la investigación preliminar que lo vincula con un presunto esquema de corrupción dentro de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).
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Según informó el tribunal, la autorización incluye la revisión de registros desde 2019, con el objetivo de esclarecer su posible participación en el desvío de recursos públicos.
De acuerdo con la Fiscalía, González habría ordenado el pago de millonarias sumas de dinero a los expresidentes del Senado, Iván Name, y de la Cámara de Representantes, Andrés Calle, con el propósito de facilitar la aprobación de reformas impulsadas por el gobierno de Gustavo Petro.
Entre las pruebas autorizadas se encuentran el acceso a registros de llamadas, mensajes de texto y voz, transacciones financieras, movimientos migratorios y grabaciones de cámaras de seguridad en la Presidencia de la República. Estas últimas abarcan el período comprendido entre el 18 de septiembre y el 11 de diciembre de 2023, fechas clave para la investigación.
El tribunal señaló que la recopilación de estas pruebas es esencial para determinar la ubicación de González en momentos específicos, analizar su situación patrimonial y verificar posibles encuentros con otros implicados en el caso.
Según el acta de audiencia de control previo del 5 de marzo, la Fiscalía también solicitó verificar la existencia de cámaras de seguridad en áreas estratégicas del palacio de Nariño, como la antesala al consejo de ministros y la oficina del director del Dapre.
En caso de confirmarse la existencia de estas grabaciones, se busca obtener copias que registren reuniones entre González y otros funcionarios, incluidos Olmedo de Jesús López Martínez y Sandra Liliana Ortiz Nova.
El tribunal justificó la medida al considerar que no existe una alternativa menos invasiva para obtener la información requerida. Además, subrayó que el análisis financiero y patrimonial debe abarcar al menos cinco años para identificar patrones y posibles irregularidades.
Según el documento judicial, el testimonio de Olmedo López, exfuncionario de la Ungrd, ha sido clave para vincular a González con el caso, proporcionando incluso su número telefónico como parte de las pruebas.
La investigación preliminar apunta a que González habría autorizado la entrega de 3.000 millones de pesos, a Iván Name y 1.000 millones de pesos, a Andrés Calle como sobornos para agilizar la aprobación de reformas en el Congreso. Según consignó la Fiscalía, estos pagos habrían sido canalizados a través de recursos de la Ungrd, entidad encargada de gestionar fondos para emergencias y desastres en el país.
De confirmarse estas acusaciones, González podría enfrentar cargos por tráfico de influencias, un delito que contempla severas sanciones en el entorno del sistema judicial colombiano. Sin embargo, hasta el momento, el exdirector del Dapre no ha sido llamado a interrogatorio ni se le ha imputado formalmente ningún cargo, según explicó su abogado, Iván Cancino.
El abogado de González ha defendido la inocencia de su cliente, asegurando que no existen pruebas concluyentes que lo comprometan. En declaraciones a Caracol Radio, Cancino afirmó que las audiencias previas no han revelado elementos que afecten la defensa de González y calificó las medidas de la Fiscalía como procedimientos normales en una etapa preliminar de investigación.
En cuanto a su paradero, la ubicación de González ha sido objeto de especulación. Inicialmente, se informó que podría encontrarse en Costa Rica, tras no asistir a una reunión de la Dirección Nacional del Partido Verde el pasado 11 de marzo.
Sin embargo, posteriormente se confirmó que se encuentra en Barcelona, España, donde estaría gestionando una solicitud de asilo. Según reportes, González contaría con el respaldo del empresario catalán Xavier Vendrell, que habría colaborado previamente con miembros del gabinete de Gustavo Petro, incluido Armando Benedetti.
El caso Ungrd destapó un entramado de corrupción que involucra a altos funcionarios y congresistas. Además de González, siete parlamentarios y los exministros de Hacienda, Ricardo Bonilla, y del Interior, Luis Fernando Velasco, también fueron mencionados en las investigaciones.
La Fiscalía busca determinar si las actividades ilícitas comenzaron antes del segundo semestre de 2023 y si persisten en la actualidad.
El tribunal dejó constancia de que González no fue citado a las audiencias de control previo debido a que aún no se ha formulado una imputación en su contra. No obstante, las pruebas recopiladas podrían ser determinantes para avanzar en el caso y esclarecer el alcance de su participación en el presunto esquema de corrupción.
Con la autorización del tribunal, la Fiscalía continuará con el rastreo de información clave para la investigación. Entre los datos solicitados se incluyen reportes de ingresos y salidas del país, declaraciones de renta, registros en centrales de riesgo y detalles sobre cuentas bancarias a nombre de González. Este análisis permitirá trazar un panorama más claro sobre la evolución patrimonial del exfuncionario y su posible relación con los hechos investigados.
El caso Ungrd sigue siendo uno de los mayores escándalos de corrupción en la administración pública reciente, y las autoridades avanzan en su labor para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.
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