Quién es el magistrado de la Corte Suprema que lidera la “investigación previa” contra Álvaro Uribe

La Corte Suprema de Justicia dio inicio a una indagación previa en contra del expresidente y exsenador Álvaro Uribe Vélez por presuntas irregularidades en la financiación de su campaña al Senado de la República en 2018. Esta medida se produce luego de que el alto tribunal recibiera una denuncia sobre la procedencia y legalidad de los recursos utilizados en la campaña del líder del partido Centro Democrático.

La investigación está a cargo del magistrado César Reyes Medina, actual presidente de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia. El togado estuvo vinculado a otros procesos que involucran a Uribe Vélez, siendo el mismo magistrado que, en agosto de 2020, dictó la medida de aseguramiento en su contra dentro del caso por presunto fraude procesal y manipulación de testigos. En esa ocasión, la investigación fue asumida posteriormente por la Fiscalía General de la Nación, que actualmente mantiene el proceso en juicio.

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El expresidente Álvaro Uribe ha reiterado en varias ocasiones sus dudas sobre la actuación de Reyes, quien, destaca el exmandatario, fue compañero de trabajo de la esposa del senador Iván Cepeda, con quien Uribe ha tenido históricas diferencias políticas y jurídicas.

El expresidente también destaca que el magistrado Reyes fue contratista durante el gobierno de Juan Manuel Santos en asuntos relacionados con el proceso de paz de La Habana, del cual Uribe siempre fue opositor

De acuerdo con el expresidente, en la providencia que le impuso la medida de restricción de libertad, el magistrado incluyó comentarios sobre aspectos personales y de carácter de Uribe, consideraciones que, según el exmandatario, no eran necesarias ni pertinentes en un fallo judicial.

Cuando la Corte Suprema de Justicia archivó el caso conocido como “Ñeñe Política”, Reyes hizo una aclaración de voto cuestionando que la Fiscalía no hubiese avanzado lo suficiente en la investigación.

Uribe también ha recordado que lleva más de cuatro años y medio denunciando al magistrado y haciendo pública una profunda enemistad hacia él, situación que, según afirma, ha sido debidamente notificada.

El caso que en la actualidad adelanta la Corte Suprema tuvo su punto de partida en abril de 2024, cuando una denuncia sobre posibles irregularidades en la financiación de la campaña de Uribe Vélez llegó al Consejo Nacional Electoral (CNE). Dicho organismo, tras analizar el contenido de la denuncia, remitió el expediente a la Fiscalía delegada ante la Corte Suprema; finalmente, en octubre de 2024, el caso aterrizó en la Sala de Instrucción del alto tribunal.

Desde noviembre de 2024, el magistrado Reyes Medina está al frente de la indagación, evaluando los elementos iniciales del expediente. Cuatro meses después de la recepción del caso en la Corte, Uribe fue notificado oficialmente sobre la apertura de la indagación previa. Además, el magistrado ordenó la práctica de las primeras pruebas que permitirán determinar si existen suficientes elementos para abrir una investigación formal contra el exmandatario.

El alto tribunal señaló: “Se notificó al expresidente Uribe Vélez de la indagación previa y del auto de pruebas iniciales que ordenó el magistrado instructor”.

Uno de los puntos centrales de la indagación es establecer el origen de los recursos que financiaron la campaña de Uribe Vélez para el Senado en el periodo 2018-2022. La Corte Suprema busca esclarecer si estos dineros ingresaron de manera legal y si fueron reportados debidamente ante el CNE, como lo exige la legislación electoral colombiana.

La legislación vigente establece que todas las campañas políticas deben presentar informes detallados de ingresos y gastos ante el organismo de control electoral. En caso de que se determine que hubo aportes no declarados o recursos de procedencia irregular, el proceso podría escalar a una investigación formal con eventuales consecuencias jurídicas para el exsenador.

Cabe destacar que, este nuevo proceso judicial contra Álvaro Uribe Vélez se suma a otros casos en los que estuvo involucrado en los últimos años. La medida de aseguramiento de 2020, que posteriormente fue revocada, marcó un hito en la historia judicial del país, pues fue la primera vez que un expresidente colombiano enfrentaba arresto domiciliario por orden de la Corte Suprema de Justicia. Ahora, con esta nueva indagación, el exmandatario vuelve a estar en el centro del debate jurídico y político del país.

Desde el Centro Democrático, algunos sectores han mostrado su respaldo al expresidente, bajo el argumento de que se trata de una persecución política en su contra. Por su parte, otros sectores políticos y jurídicos han insistido en la importancia de que se esclarezcan todas las dudas sobre la financiación de la campaña del 2018, enfatizando que la transparencia en los procesos electorales es fundamental para la democracia.

Es relevante destacar que este caso se suma al proceso judicial en curso contra el expresidente, que enfrenta acusaciones de soborno a testigos y fraude procesal; este juicio avanzó durante 2025, pero actualmente se encuentra suspendido por la Corte Suprema.