El miércoles 26 de marzo se conoció que el Consejo de Estado admitió una tutela contra el presidente de la República, Gustavo Petro, por su decisión de transmitir sus consejos de ministros por televisión nacional, ya que se estaría dando una vulneración a los derechos a “la información y al respeto por el derecho de libertad de escoger el medio masivo que convenga al ciudadano”, según se consigna en el documento que se presentó ante el alto tribunal administrativo.
Sobre este proceso se pronunció el jefe de Estado, que sorprendentemente expresó su beneplácito porque allí se mediría si en el país realmente hay libertad de expresión y una verdadera oferta para que los ciudadanos conozcan sobre la actualidad nacional.
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“Esto está bueno. El.pluralismo informativo y el derecho a la verdad que ordena la constitución, en vilo. Sabremos por fin los colombianos si la democra ia informativa es posible bajo nuestra constitucio y nuestra ley. O lo que se desarrolla es el linchamiento.del presidente porque es progresista [sic]”, publicó en la noche del mismo miércoles a través de su cuenta oficial de la red social X.
En seguida también la emprendió contra su antecesor, por las alocuciones presidenciales que realizaba, y recordó que cuando decidió hacer públicas las reuniones de su gabinete, incluso lo ridiculizaron.
“Duque si podía salir todos los días en tv y no había problema. Empezaron diciendo que el consejo de ministros transmitido era un circo, y ahora, están tan asustados que quieren censurarlo. Es el miedo a verdades muy ocultas [sic]”, reprochó.
Su reacción a la tutela se dio simultáneamente cuando el mismo miércoles el mandatario ordenó que se retransmitiera por todos los canales nacionales el consejo de ministros que se llevó a cabo el pasado martes, incluidos los privados, y no solo por los públicos, como sí lo hizo hace tres días.
Los argumentos de la tutela
La tutela fue presentada por una abogada, cuya identidad no ha sido revelada, quien argumenta que estas emisiones podrían vulnerar derechos fundamentales como la libertad de información y la capacidad de los ciudadanos para elegir libremente los contenidos televisivos que desean consumir.
La Sección Tercera de esta alta corte será la encargada de estudiar los argumentos presentados con la que se cuestiona que estos eventos sean transmitidos en horario estelar a través de los principales canales de televisión del país, tanto públicos como privados.
La acción judicial sostiene que esta práctica podría exceder el uso adecuado de los medios de comunicación, al interferir con la programación habitual y restringir la diversidad de opciones disponibles para los televidentes.
El documento presentado ante el Consejo de Estado señala que las transmisiones afectan directamente a los canales privados Caracol Televisión, Canal RCN y Canal Uno, además de generar posibles repercusiones económicas y operativas para estas empresas.
La jurista también señaló que la emisión de los consejos de ministros en horarios de alta audiencia podría alterar los compromisos de estas cadenas con sus anunciantes y audiencias, lo que podría traducirse en pérdidas financieras y una reducción en la calidad de su programación.
El despacho del vicepresidente del Consejo de Estado, Alberto Montaña Plata, será el encargado de tramitar este caso, que ha generado un amplio debate en el país. La decisión que tome esta corte no solo determinará si las transmisiones de los consejos de ministros constituyen una vulneración de derechos fundamentales, sino que también podría establecer límites claros sobre el uso de los medios de comunicación por parte del gobierno.
Este caso también podría tener implicaciones significativas para el equilibrio entre los intereses del Estado y los derechos de la sociedad.
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