El senador Juan Pablo Gallo, que recientemente fue salpicado en el caso de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), salió bien librado de una investigación que cursaba en su contra por irregularidades presuntamente cometidas en 2016. El funcionario fue señalado de haber incurrido en el delito de enriquecimiento ilícito por la aparentemente irregular compra de un inmueble.
Se trata de un apartamento ubicado en el barrio Pinamar, en Pereira (Risaralda), donde, justamente, ejercía como alcalde (2016-2019). Un ciudadano identificado como Daniel Silva Orrego, lo denunció penalmente en 2017 al considerar que habría adquirido la residencia por un precio más económico del que se debía estipular para ese tipo de inmuebles. Pues, pagó $400 millones por el apartamento, que debió estar avaluado en por lo menos $1.000 millones.
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Para la compra de la propiedad, el congresista pagó $200 millones al representante legal de la sociedad Espacio y Diseño Construcciones, que era dueño del apartamento. Los $200 millones restantes los asumió el Banco Davivienda por medio de un leasing habitacional.
No obstante, según el denunciante, para cuando Gallo pagó la primera parte del inmueble, “aún no le habían entregado el dinero de la reposición de votos, y además había quedado con un pasivo 80 millones de pesos, con ocasión de la campaña a la alcaldía”, detalló.
Las dudas sobre el dinero utilizado para el pago del apartamento
Teniendo en cuenta las condiciones financieras que entonces tenía el exalcalde y exconcejal, el denunciante solicitó que e investigara la procedencia de los $200 millones que entregó al vendedor como cuota inicial, sospechando que pudieron haber surgido de un enriquecimiento ilícito.
Sin embargo, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, con ponencia del magistrado Francisco Farfán, no encontró ninguna irregularidad en la compra del inmueble y negó que haya existido algún incremento injustificado de su patrimonio.
“Encuentra el despacho que la conducta investigada no es objetivamente típica, ya que el aumento injustificado del patrimonio no existió y, por tanto, resulta imperativo inhibirse de ejercer la acción con fundamento en la causal de atipicidad de la conducta”, detalló la Corte en su documento de decisión.
¿De dónde salió el dinero?
Según reveló en su momento el senador, que rindió versión libre el 14 de febrero de 2025 en la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, los $200 millones en cuestión los recibió como préstamo de Jaime Velásquez, el entonces jefe de su esposa. El congresista pudo saldar su deuda con cuotas, cuando pudo vender su anterior apartamento a un amigo llamado Peterson Lopera.
Este último le pagó, primero, un anticipo de $100 millones, y luego, el banco BBVA desembolsó a Lopera otros $100 millones, que entregó a Gallo por medio de un cheque de gerencia. Finalmente, el senador sacó de su cuenta otro cheque por $100.000. Los recursos fueron utilizados para saldar la deuda con Jaime Velásquez.
La decisión de la Corte
Por eso, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia resolvió “inhibirse de ordenar instrucción en contra del senador de la República Juan Pablo Gallo Maya, con fundamentos en lo previsto en el artículo 327 de la Ley 600 de 2000, y de conformidad con lo señalado en la parte motiva de esta providencia”.
Asimismo, ordenó que se archivara el proceso e informó que contra esta decisión solo procede el recurso de reposición.
El senador Juan Pablo Gallo se pronunció al respecto, celebrando un fallo favorable tras varios años de investigación. Reafirmó también su inocencia con respecto a su supuesto actuar delictivo “Fueron 9 años de espera y confianza en la justicia. ¡La verdad por encima de todo!”, precisó el congresista.
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