Uno de los capturados, con antecedentes por hurto y señalado de participar en al menos cuatro robos recientes, fue liberado junto a otros ocho presuntos integrantes de una banda dedicada al robo de relojes de alta gama en Bogotá y otras ciudades. Esta decisión, tomada por el juez 74 de garantías de Bogotá, generó una fuerte controversia y llevó a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial a ordenar una investigación para determinar si el funcionario incurrió en faltas disciplinarias al no dictar medidas de aseguramiento contra los acusados. Según informó la Fiscalía, las pruebas presentadas incluían videos que evidenciaban el modus operandi de la organización y demostraban su peligrosidad.
De acuerdo con lo reportado, el ente investigador había solicitado que los detenidos fueran enviados a prisión preventiva, argumentando que representaban un peligro para la sociedad. Sin embargo, el juez consideró que no existían pruebas suficientes en esta etapa del proceso para justificar dicha medida. Esta decisión fue apelada por la Fiscalía, que insiste en que los elementos probatorios son contundentes y que la liberación de los acusados podría permitirles continuar delinquiendo.
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El alcalde de la capital del país, Carlos Fernando Galán, expresó su apoyo a la apelación presentada por la Fiscalía y manifestó su preocupación por las implicaciones de la decisión judicial. En declaraciones públicas, el mandatario local destacó que las pruebas recopiladas por la Policía, la Sijín y la Fiscalía son suficientes para demostrar que los acusados representan un riesgo para la comunidad. Además, subrayó el impacto que esta resolución podría tener en las víctimas que denunciaron los hechos.
“Tenemos que trabajar en garantizar que quien denuncia un delito violento tiene el respaldo de las autoridades”, afirmó Galán, que también advirtió sobre el temor que esta situación podría generar en las personas afectadas por los robos. De acuerdo con el alcalde, las víctimas enfrentaron situaciones violentas que pusieron en peligro sus vidas, y ahora deben lidiar con la noticia de que los presuntos responsables están en libertad
El ‘modus operandi’ de Los Relojeros
Este grupo delincuencial al mando de alias Sangre, de manera violenta hurtaban relojes de alta gama y joyas, en las ciudades de Bogotá, Medellín, Bucaramanga, Cartagena y Barranquilla, seleccionando cuidadosamente a sus víctimas en lugares estratégicos como aeropuertos y exclusivos centros comerciales y de acuerdo con sus roles (marcadores, conductores, perpetradores de los hurtos y receptadores) cometían estos hechos delictivos.
El ente acusador detalló que los delincuentes identificaban a personas que portaban relojes de lujo, los seguían discretamente y, una vez que se encontraban en zonas con poca seguridad, los intimidaban con armas de fuego para despojarlos de sus pertenencias. Asimismo, se les atribuye al menos 16 hurtos por un valor a cercano a los $1.500 millones.
Los videos recopilados permitieron identificar y capturar a 15 de los 20 presuntos integrantes de esta organización. Las imágenes mostraban cómo ejecutaban los robos de manera sistemática, lo que llevó a las autoridades a considerar a la banda como una amenaza significativa para la seguridad de los ciudadanos. De acuerdo con el alcalde Galán, hay tres sospechosos con medida de aseguramiento en centro carcelario, una más tiene detención domiciliaria; otro de los detenidos, que fue liberado tras la audiencia, ya había cumplido una condena por hurto y estaba vinculado a varios robos recientes por lo que fue recapturado, mientras que los restantes fueron dejados en libertad por decisión del juez.
La investigación disciplinaria contra el juez
El juez 74 de garantías de Bogotá justificó su decisión de liberar a nueve de los 15 capturados argumentando que no se habían atribuido correctamente los roles de cada uno dentro de la organización criminal. Según explicó durante la audiencia, aunque existían indicios de responsabilidad, las pruebas presentadas no eran suficientes en esta etapa del proceso para dictar medidas de aseguramiento. “Uno puede estar convencido y generarse discusión de que alguien pueda ser responsable de una conducta delictiva, pero con acierto se dijo por algunos togados que el grado de estas audiencias de pruebas sin pruebas se desacreditan sin las mismas”, señaló el juez.
Esta postura fue duramente criticada por la Fiscalía, que reiteró que los acusados forman parte de una banda organizada con antecedentes de robos sistemáticos. Además, advirtió que la liberación de los sospechosos podría facilitar que continúen cometiendo delitos, poniendo en riesgo a la ciudadanía.
Ante la controversia generada, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial decidió intervenir y ordenó la compulsa de copias para investigar al juez 74 de garantías. El objetivo es determinar si el funcionario incurrió en irregularidades al no dictar medidas de aseguramiento contra los acusados, a pesar de la evidencia presentada por la Fiscalía. De acuerdo con el organismo disciplinario, se evaluará si la decisión del juez estuvo fundamentada en criterios legales o si, por el contrario, hubo negligencia en el análisis de los elementos probatorios.