Un caso de presunta violencia intrafamiliar y un complejo entramado judicial han puesto en el centro de la atención pública a Santiago Molano Luna, nieto del fundador del reconocido emporio empresarial Ramo.
Molano enfrenta acusaciones de agresión física, verbal, psicológica y económica contra su exesposa, Andrea Posada Vidales, que también ha denunciado ser víctima de lo que califica como una “persecución judicial” por parte de su expareja, según reportó el medio El Tiempo.
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La controversia comenzó en el 2024, cuando se presentó una denuncia formal ante la Fiscalía General de la Nación. Entre las pruebas aportadas se encuentra un video de una cámara de seguridad que, presuntamente, muestra a Molano golpeando a Posada en un parqueadero frente a su hijo, que entonces tenía 6 años.
Además, se han presentado mensajes de texto que contienen amenazas e insultos relacionados con la condición de género de la denunciante.
Estos elementos han sido fundamentales no solo en el proceso penal, sino también en los litigios civiles y de familia que se han derivado del caso.
De acuerdo con El Tiempo, Andrea Posada ha señalado que las acciones legales emprendidas por Molano constituyen una forma de violencia de género.
En una carta enviada por su abogado Juan David Riveros Barragán a la Comisión de Género de la Rama Judicial se detalla un patrón de abuso del sistema judicial que, según la defensa de Posada, busca desgastarla emocional y económicamente.
La misiva describe cómo Molano ha iniciado múltiples procesos judiciales, incluyendo demandas en comisarías de familia, con el supuesto propósito de hostigar a su exesposa.
En declaraciones al medio, Posada afirmó que lleva tres años enfrentando lo que considera una “violencia judicial”. Según su testimonio, Molano ha intentado quitarle la custodia de su hijo mediante diversos recursos legales, incluyendo la exposición del menor a un interrogatorio con un psiquiatra forense especializado en violencia sexual, sin su consentimiento.
Posada asegura que este tipo de acciones han tenido un impacto negativo en el bienestar emocional del niño.
Por su parte, la defensa de Santiago Molano ha argumentado que las acciones legales emprendidas por su cliente están amparadas por la ley y responden a la negativa de Posada a llegar a acuerdos conciliatorios.
Según declaraciones recogidas por el medio citado, el abogado de Molano afirmó que el objetivo inicial era alcanzar un acuerdo entre las partes, pero que este intento fracasó. En consecuencia, Molano ha recurrido a los mecanismos legales disponibles para resolver el conflicto.
Entre los procesos judiciales iniciados por Molano se incluyen una demanda de restitución del inmueble donde residen Posada y su hijo, un recurso de impugnación contra una medida de protección a favor del menor y un litigio por la custodia, el régimen de visitas y la cuota alimentaria.
Aunque algunos de estos casos han sido resueltos a favor de Posada, otros continúan en curso, incluyendo una tutela presentada por Molano ante la Corte Suprema para controvertir la asignación del 100 % de la cuota alimentaria al padre.
La defensa de Posada ha señalado que las decisiones judiciales han tenido en cuenta factores como la dependencia económica de Posada durante su matrimonio con Molano y las dificultades que ha enfrentado tras ser diagnosticada con trastorno de estrés postraumático, presuntamente causado por la violencia ejercida en su contra.
En este contexto, la Fiscalía General de la Nación continúa investigando las denuncias presentadas por Posada, que incluyen múltiples actos de violencia documentados con pruebas.
Entre ellos se encuentra la agresión física en el parqueadero, así como insultos y descalificaciones constantes hacia Posada, motivados por su condición de mujer.
El abogado de Posada, sin embargo, ha calificado estas acciones como parte de una campaña de hostigamiento legal. Según Riveros Barragán, cada nuevo proceso judicial representa una carga emocional y legal que busca perpetuar el control y la violencia sobre su representada. En sus palabras, el uso reiterado del sistema judicial como herramienta de acoso constituye un claro ejemplo de violencia de género.
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