Este martes 25 de marzo, el exministro de Comercio Luis Carlos Reyes compareció ante la Corte Suprema de Justicia en el marco de la investigación por presuntas irregularidades en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).
Su declaración se suma a un proceso que involucra a varios congresistas y busca esclarecer el posible uso indebido de recursos públicos en la aprobación de proyectos financiados por la entidad.
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El testimonio de Reyes es clave para la investigación liderada por el magistrado Misael Rodríguez Castellanos, que analiza la posible comisión del delito de cohecho impropio.
En el expediente figuran como investigados los congresistas Liliana Esther Bitar Castilla, Juan Pablo Gallo Maya, Wadith Alberto Manzur Imbett, Julián Peinado Ramírez y Karen Astrith Manrique Olarte, además del exrepresentante a la Cámara Juan Diego Muñoz Cabrera.
Según información revelada por la Corte Suprema, el caso gira en torno a presuntas negociaciones irregulares dentro del Congreso con el objetivo de emitir conceptos favorables a operaciones de crédito impulsadas por el Ministerio de Hacienda.
Estas transacciones estarían vinculadas a contratos financiados con recursos de la Ungrd, lo que ha generado sospechas sobre el uso de dichos fondos y la manera en que fueron aprobados ciertos proyectos.
El material probatorio con el que cuenta el alto tribunal incluye más de cincuenta documentos obtenidos a través de órdenes de policía judicial, además de una decena de testimonios que apuntan a la existencia de beneficios otorgados a los congresistas involucrados. Según las indagaciones, estos habrían recibido incentivos a cambio de viabilizar proyectos financiados con recursos de la Ungrd.
Las operaciones de crédito bajo sospecha estarían relacionadas con iniciativas en varias regiones del país, entre ellas Cotorra (Córdoba), Saravena (Arauca) y Carmen de Bolívar (Bolívar), donde se habrían canalizado recursos en circunstancias aún por esclarecer.
La declaración de Reyes cobra especial relevancia en este contexto, ya que su testimonio podría aportar detalles sobre cómo se llevaron a cabo las contrataciones dentro de la Ungrd y si existieron presiones o acuerdos indebidos para la aprobación de los créditos en cuestión.
Mientras el proceso continúa en fase de recolección de pruebas, la Corte Suprema avanza en la evaluación de los testimonios y documentos recopilados con el objetivo de determinar posibles responsabilidades. De confirmarse las irregularidades, este caso podría derivar en un escándalo de gran impacto en el ámbito político y administrativo del país.
Andrea Ramírez y la alerta de Mr. Taxes
En una de las primeras declaraciones a su salida de la sala dio nombres, como el de Andrea Ramírez, exasesora del Ministerio de Hacienda (período Ricardo Bonilla):
“Yo fui quizá la primera persona en alertar al interior del Gobierno de las irregularidades acerca de las que yo escuchaba de manejo de cupos indicativos al interior del Ministerio de Hacienda. En 2023 yo le manifesté al presidente Petro que Andrea Ramírez, según me contaron varias fuentes, seguía manejando el mismo sistema de cupos indicativos que se venían manejando desde gobierno anteriores”, señaló.
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